El libro de estilo del que beben las estrategias de los grandes partidos políticos se contagia con excesiva frecuencia de los manuales de propaganda bélica: la consigna es exagerar las victorias y minimizar los fracasos propios e invertir los términos en el caso del oponente. En esa batalla eterna sin prisioneros se ha impuesto otra peligrosa máxima que consiste en intentar descabalgar a cualquier cargo público sobre el que pesen sospechas de haber pisado el fango de la corrupción. No hay consenso sobre el momento en el que el implicado debería dimitir o ser destituido (¿cuando la Justicia le señala, cuando se le acusa formalmente o cuando se abre juicio oral?) pero casi todas las formaciones incurren en el pecado de exigir ceses en campo ajeno desoyendo las mismas peticiones cuando los casos le carcomen en el propio.
El último episodio de esa aparente contradicción -mil veces matizada y justificada sin embargo por unos y otros- se escribió el martes en torno a la figura de Antonio Ramírez de Arellano y el archivo de la causa abierta en su contra por los ya famosos contratos del Centrius, el complejo de edificios de la Universidad de Sevilla que en los últimos años le situaron en la diana judicial. La Fiscalía vio posibles delitos de prevaricación y falsificación de documentos en la adjudicación de trabajos tras la denuncia del Colegio de Arquitectos de la capital, que protestó por lo que intuía que eran encargos a dedo vulnerando los principios de libre concurrencia. El TSJA no ha encontrado indicios y ha dado carpetazo al caso.
Con la campaña aireando eslóganes y moviendo banderolas, el PSOE ha encontrado en los dos últimos días munición para disparar contra sus dos grandes amenazas en las urnas, PP y Podemos, precisamente los partidos que con más virulencia exigieron la destitución del consejero de Economía desde abril, cuando la Fiscalía reclamó la apertura de la causa en su contra, y más aún en mayo, cuando fue llamado a declarar ante la sede del TSJA en Granada.
De las filas socialistas sale desde el martes la misma exigencia: que quienes orquestaron la campaña en contra de De Arellano le pidan al menos perdón. Lo deslizó la propia Susana Díaz ese día e insistió de nuevo este miércoles: “Han pasado 24 horas y todavía estoy esperando a que quienes hicieron en su momento esas grandes declaraciones y se rasgaron las vestiduras sólo por intentar sacar rentabilidad política ahora tengan el decoro de pedir disculpas”, protestó en público.
Comedido en sus declaraciones durante los últimos meses, el aludido se definió en los pasillos del Parlamento andaluz ayer como “la última víctima” de una estrategia que tendría como objetivo “atemorizar” a la Administración autonómica. “Se han producido algunos excesos”, lamentó el consejero, quien pese a todo no reclama disculpas para sí mismo sino para su familia, sus amigos y el Gobierno.
El riesgo del “todo vale”
En realidad el pecado es común. Cierto que Podemos se apresuró el martes a celebrar el archivo del caso, pero su líder Teresa Rodríguez ha sido en los últimos meses una de las voces más beligerantes reclamando la dimisión del consejero, con mensajes de viva voz en el Parlamento y desde las redes sociales. El PP no le ha ido a la zaga, regatea las disculpas y ayer hizo incluso una pirueta para enlazar el caso con los cursos de formación y los ERE.
Desde las filas populares se recuerda que también lucen heridas y que nadie desde el PSOE les ha transmitido disculpas por la dureza con la que se cargó contra María José García-Pelayo, cuya causa por su supuesta implicación en la trama Gürtel también quedó en nada. Lejos de asumir el error, los socialistas advirtieron a la exalcaldesa de que el archivo es “sólo un punto y seguido”. Podemos tampoco olvida el caso Errejón, archivado como el resto.
C’s quiere desterrar “las varas de medir”
Ciudadanos ha sacado pecho en los últimos días porque cree que los hechos le dan la razón. Su líder en Andalucía, Juan Marín, aplaudió este miércoles de nuevo el acierto de su formación al no reclamar la destitución de De Arellano porque tuvo claro que no había incurrido “en corrupción política”. Eso sí, olvidó un pequeño gran detalle: su diputado y portavoz adjunto Sergio Romero la exigió y tuvo que ser corregido de inmediato. Marín pide que PP y PSOE destierren de una vez “las dos varas de medir” que se aplican mutuamente.
