Tenemos un gran debate sobre la viabilidad financiera de nuestro sistema público de pensiones, por la necesidad de afrontar, en un futuro no muy lejano, reformas profundas. Hay un dato que es preocupante: actualmente tenemos 2,3 cotizantes por cada pensionista, y la tendencia es que en el año 2040 haya sólo un cotizante por cada pensionista.
El Estado emplea anualmente en el pago de las pensiones más de cien mil millones de euros. Los gastos de jubilación se han duplicado en los últimos diez años. Los motivos por los que el sistema de pensiones puede tambalearse y quebrar son muchos.Hay algunos datos objetivos que nos pueden ayudar a pensar. Primero: En España, la denominada “tasa de sustitución” de los salarios está por encima de la media en Europa. Esa tasa mide el porcentaje que la pensión supone sobre el último salario de una persona en activo. En España es de alrededor del 80%. Segundo: Somos el país del mundo con menor tasa de natalidad, con 1,2 hijos por mujer. La población española envejece a pasos agigantados.Tercero: La mujer española tiene una esperanza de vida de 84,3 años, la más elevada de la Unión Europea, mientras que los hombres con 78,2 años, ocupan el séptimo lugar. Hay más personas cobrando una pensión durante más tiempo, sin que sea posible el relevo generacional. Cuarto: Los nuevos cotizantes se incorporan al mercado laboral cada vez más tarde. Entre los jóvenes aumenta el deseo de contar con una mayor preparación académica para acceder al mercado laboral, que está muy endurecido. Cuanto más se retrasen en lograr un puesto de trabajo menos años estarán contribuyendo al sistema. Quinto: En el futuro habrá menos personas para financiar las pensiones de un mayor número de beneficiarios, que las deberán percibir durante más tiempo, ya que su esperanza de vida es mayor.En los últimos 10 años el número de pensionista por jubilación se ha incrementado un 150%, el de pensionista por viudedad creció en un 132%, y los que reciben la pensión de orfandad aumentaron en un 163%.Sexto. El progresivo desarrollo de algunos denominados “derechos sociales” tendrá consecuencias económicas negativas. En España se han practicado 1,7 millones de abortos desde 1985, lo que supone la eliminación de futuros contribuyentes a la Seguridad Social. Vivimos una época de continuos experimentos sociales que nunca antes habían existido; por ejemplo, ninguna civilización hasta nuestros días había implantado el matrimonio homosexual por vía legislativa. Incluso sociedades que permitían la homosexualidad y la fomentaban en ciertas edades y clases sociales, como los griegos antiguos, entendían el matrimonio como la unión estable entre un hombre y una mujer abiertos a tener hijos, porque la familia es la célula de la sociedad, el motor del tejido económico, y sin ella es imposible mantener el sistema de prestaciones sociales.
El panorama que tenemos es de complicada solución. Hacen falta medidas correctoras sensatas. Algunos proponen ampliar el número de años cotizados sobre los que calcular las pensiones. Pero esto puede provocar un descenso del 30% en las prestaciones por jubilación en quienes tenemos entre 40 y 55 años, además de que esa ampliación conllevará un fuerte aumento de personas destinadas a percibir la pensión de jubilación mínima y una gran reducción del número de perceptores de la pensión máxima.
En materia de previsión social conviene ser realistas y no fiarse demasiado del Estado ni de los políticos. Nuestras pensiones y bienestar no van a depender del sistema público, sino de la capacidad de cada uno de adelantarse al futuro con una adecuada planificación financiera personal y privada.
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