USB acusa a Calvente de mentir "ante el juez y en los medios"

USB posee documentos suficientes para poder demostrar cada una de las mentiras que Isabel Calvente ha afirmado en su declaración ante el Juez y en los medios de comunicación. Basta ver las nóminas de diferentes trabajadores para comprobar la pérdida de poder adquisitivo con la aplicación de la RPT.
Las nóminas mayo y junio se han elaborado sin el complemento denominado “CPTA” para el personal que trabaja a turnos, por lo que el pago de las últimas nóminas ha supuesto una brutal pérdida de poder adquisitivo.
Raimundo Pérez, Presidente de USB, lamenta el tijeretazo encubierto que ha supuesto la aplicación de la RPT en el Ayuntamiento de Los Barrios. Uno de los colectivos que más pierde son todos los funcionarios que trabajan a turnos, cuyo recorte se aproxima a los 140€ en cada nómina ordinaria, aunque en las pagas extraordinarias se perciba el 100% del complemento específico nuevamente valorado, los trabajadores pierden poder adquisitivo en el cómputo de sus retribuciones anuales.
Del mismo modo existirá pérdida de poder adquisitivo para determinados trabajadores a los que se les ha incluido Complementos personales transitorios absorbibles (CPTA´s), dado que sus salarios permanecerán congelados durante bastante tiempo.
Raimundo Pérez afirma que Calvente está bastante equivocada, y quizás sea ella la que tenga que demostrar ante un Juez mentiras como el hecho de declarar ante los medios “que utilizamos las siglas del sindicato para hacer política”, dado que las actuaciones tanto judiciales como de acción sindical que realiza USB se llevan a cabo desde el órgano competente del sindicato, compuesto por varios trabajadores, y toda acción sindical va dirigida a la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores que están siendo continuamente pisoteados.
Quizás Calvente y Romero prefieren tener a sindicatos controlados con el poder que temporalmente le han prestado los ciudadanos, y que estos dejasen de manifestarse en la puerta del Ayuntamiento por el atropello de los derechos e intereses de los trabajadores, como son, entre otros, la pérdida de poder adquisitivo, las deudas del factor de turnicidad, la falta de medios, privatizaciones, violaciones de derechos fundamentales o cambios de puestos mediante la figura del “Decretazo” sin respeto alguno a los principios de igualdad, mérito y capacidad, etc.