La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha dado traslado este lunes al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, para que interponga querella ante el Tribunal Superior de Justicia en dicha comunidad (TSCJ) contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por los delitos de prevaricación y desobediencia por haber permitido en julio de este año la votación sobre las conclusiones de la Comisión de estudio del proceso constituyente.
Madrigal traslada así el testimonio del acuerdo alcanzado por el Pleno del Tribunal Constitucional (TC), que el pasado 6 de octubre estimó de forma unánime el incidente de ejecución instado por el Gobierno a raíz de la aprobación por el Parlament de Cataluña el pasado 27 de julio de la resolución que dio un paso más en el proceso de ruptura con España.
El tribunal de garantías dedujo testimonio a la Fiscalía respecto de la actuación de la presidenta de la cámara, Came Forcadell, por incumplir su deber de acatar las decisiones de este órgano puesto que el TC ya había advertido directamente a los miembros de la Mesa de que la iniciativa de julio vulneraba la Constitución.
El TC explicaba en su auto no se consideraba llamado a resolver si la conducta de Forcadell era constitutiva o no de infracción penal, pero sí podía poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público a fin de que éste, si lo estimaba pertinente, promoviera el ejercicio de las acciones penales que considerara procedentes.
"HICE LO QUE TOCABA"
Forcadell respondió el mismo día en una declaración institucional que hizo "lo que tocaba y lo volvería hacer sin duda" y acusó al Gobierno central de tratar de frenar el proceso soberanista con amenazas."No conseguirán frenarnos ni atemorizarnos ni coartarnos la libertad de expresión", dijo en respuesta al auto del TC que le fue entregado en mano la pasada semana por dos secretarios judiciales que se personaron en el Parlament.
La decisión del Constitucional fue consecuencia del acuerdo adoptado de forma cautelar el pasado 1 de agosto por los once magistrados que conforman este órgano, al suspender la resolución por la que el Parlament dio inicio al proceso de secesión.
El auto respondía también a las alegaciones de los letrados del Parlamento de Cataluña que reclamaron al órgano jurisdiccional que extremara "su cautela" en la utilización de las nuevas medidas introducidas en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). A este respecto recordó que antes y después de la reforma "todos los poderes públicos estaban y están obligados al cumplimiento de lo que resuelva el Tribunal Constitucional".
Así las cosas el Parlament aprobó el mismo 6 de octubre una resolución de JxSí y la CUP que avala la celebración de un referéndum de independencia vinculante como "muy tarde" en septiembre de 2017 y que apuesta por convocarlo con o sin el aval del Estado.
