El abogado Juan German Hoffmann, que fue condenado en el caso Malaya a cinco años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública, ha sido localizado en Alemania, pero las autoridades alemanas no tienen previsto ejecutar su extradición a España.
El pasado febrero el tribunal del caso Malaya decretó una orden internacional de busca y captura para el abogado, al no ingresar voluntariamente en prisión para cumplir la condena.
El fugado es hijo del que fuera cónsul general honorario de Alemania en Málaga, Juan Hoffmann, fallecido en 1998, cuyo nombre lleva el colegio alemán de Marbella.
En un escrito al que ha tenido acceso Efe, el fiscal ha pedido que, a la vista de que las autoridades alemanas no procederán a su extradición, se autorice la transmisión a dicho país la ejecución de las penas privativas de libertad.
La fuga de Hoffmann -que fue considerado por los investigadores uno de los testaferros del cerebro de la trama, Juan Antonio Roca- sorprendió mucho en el ámbito judicial, ya que todo apuntaba a que tenía intención de ingresar en prisión aunque en el último momento no lo hizo, según aseguraron a Efe fuentes cercanas al caso.
Hoffmann llegó a estar en prisión preventiva durante la instrucción del caso pero salió tras pagar una fianza de 150.000 euros fijada el juez instructor de la causa, Miguel Ángel Torres en mayo de 2007.
En su día, su abogado alegó como principal motivo para su puesta en libertad el arraigo en España del investigado y no que no existía riesgo de fuga.
Los fugados en el caso Malaya son cuatro: Carlos Fernández, exedil del Ayuntamiento de Marbella, los empresarios José Manuel Llorca y Andrés Liétor, y el abogado Juan German Hoffmann.
Carlos Fernández y José Manuel Llorca se fugaron durante la investigación y la huida de Hoffman se produjo tras la sentencia firme.
Por su parte, Liétor fue detenido el pasado 22 de junio por la Policía de Venezuela, ya que tenía tres órdenes de busca y captura por diferentes procedimientos judiciales, la última por el caso Malaya, que fue decretada por la Audiencia de Málaga el pasado enero al no ingresar voluntariamente en prisión en el tiempo establecido.
El pasado julio el tribunal del caso Malaya pidió al Gobierno que reclamara a Venezuela su extradición tras ser condenado por blanqueo, cohecho, fraude y prevaricación a cuatro años y cuatro meses de prisión y que estaba fugado desde 2014.
