La estación depuradora de aguas residuales de Arcos está en el punto de mira del informe de Ecologistas en Acción, que publica esta semana la relación de instalaciones que funcionan incorrectamente. El informe en cuestión analiza el grado de cumplimiento de las depuradoras en Andalucía y la ejecución de las infraestructuras declaradas de interés autonómico, cuyo 62 por ciento está aún pendiente de comenzar.
Ecologistas ha analizado más de 12.000 muestras analíticas correspondientes al ciclo 2013-2015, así como la situación de las actuaciones declaradas de interés por la comunidad autónoma en 2010.
La evolución del grado de incumplimiento del Real Decreto 509/1996, que establece las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas así como los requisitos de los vertidos de aguas residuales, muestra un empeoramiento con el paso de los años, llegándose hasta 2015, en el que hay más de un 34 por ciento de depuradoras que incumplen los niveles de depuración.
La de Arcos figura entre las que presuntamente incumplen la normativa junto a las estaciones El Gastor, Espera, Grazalema, Olvera Norte y Olvera Sur y Setenil, en cuanto a la Sierra se refiere. No obstante, es preciso tener en cuenta que el informe se remite al pasado año, cuando aún no había comenzado la obra de adecuación de la depuradora de Arcos, donde la Junta invierte cinco millones de euros en una infraestructura prácticamente nueva, actuación que tocará fin en poco más de un año.
Cádiz es la provincia que más ha empeorado en 2015 respecto al 2014 según el informe, con una disminución de más de 14 puntos porcentuales. En relación con lo recaudado por canon autonómico, el balance no puede ser más negativo, según Ecologistas en Acción. La Junta ha recaudado casi 324 millones a través del canon pero solo ha invertido hasta diciembre de 2015 unos 271 millones, de los cuáles 143,6 proceden del canon y el resto (127,6) de fondos europeos. Entre lo recaudado y lo comprometido en inversión, hay más de 51 millones que no está previsto ejecutar por ahora.
“Con estos datos, el panorama se presenta preocupante en Andalucía, ya que el atraso en la ejecución de las actuaciones declaradas de interés, tanto por el Estado como por la Junta, acarreará futuras sanciones europeas”, se teme el colectivo conservacionista, que ya recuerda lo ocurrido con la ampliación en noviembre del año pasado del expediente sancionador contra España por la demora en la adopción de medidas oportunas en una serie de aglomeraciones urbanas.
