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El PP, por su parte, ha criticado esta decisión porque, según dice, “el informe jurídico en que se basa el gobierno para suspender este procedimiento se ha redactado por un asesor externo y no por los técnicos municipales”.
El consejo de la Gerencia de Urbanismo ha decidido esperar a que una resolución judicial del proceso penal abierto por este mismo asunto
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