La Fiscalía pedirá que se archive la denuncia que el Govern presentó contra los agentes de la Guardia Civil que la semana pasada interrogaron a varios cargos de la Generalitat en relación con los preparativos del referéndum, dentro de la investigación del 'caso Vidal'.
Según han informado fuentes del Ministerio Público, la Fiscalía sostendrá en su escrito que es improcedente la denuncia que los abogados de la Generalitat interpusieron el sábado ante el juzgado de guardia de Barcelona por considerar que la Guardia Civil había vulnerado derechos fundamentales de los interrogados.
La Guardia Civil citó en el cuartel de Travessera de Gràcia al exportavoz del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena; al director de comunicación de la Generalitat, Jaume Clotet; al secretario de la Presidencia, Joaquim Nin, y a la jefa de Comunicación de la Conselleria de Asuntos Exteriores, Anna Molas, entre otros.
ALTOS CARGOS
Los letrados de la Generalitat apreciaban cinco presuntos delitos recogidos en el Código Penal en la actuación de los agentes: contra los derechos individuales, obstrucción a la justicia, usurpación de atribuciones, falsedad documental y violación de secretos.
En el caso de Nin y Clotet, el Govern sostuvo en su denuncia que la Guardia Civil violó su derecho fundamental a la defensa al retrasar la comunicación de la condición de investigado, lo que impidió que se pudieran defender desde un primer momento acompañados de sus abogados al haber sido citados como testigos. El Govern también aseguraba en su escrito que los interrogadores trataron de influir en la declaración de los testigos acusándolos "insistentemente" de mentir y advirtiéndoles de las consecuencias de sus actos con una actitud agresiva y de presión.
EL CASO VIDAL
Los interrogatorios se produjeron dentro de la causa que el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona abrió tras una querella contra el exsenador de ERC Santi Vidal --por conferencias donde aludió a ilegalidades del Govern en el proceso soberanista--, a la que luego se sumó otra que incluyó al secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, y al director del Intitut d'Estudis de l'Autogovern, Carles Viver Pi i Sunyer, también investigados. El juez, que mantiene la causa bajo secreto, no ordenó a la Guardia Civil practicar estos interrogatorios sino que los agentes del Instituto Armado los decidieron en el marco de esta investigación actuando como policía judicial.
