El consejo de gobierno del Instituto Municipal de Deportes (IMD) ha aprobado este jueves, con el voto a favor del PSOE, el PP y Ciudadanos y el voto contrario de Participa e IU, prorrogar dos años la adjudicación formalizada en 2015 por el anterior Gobierno municipal del PP en favor de la empresa Motorpress Ibérica, para la organización, celebración y explotación de las ediciones 2015, 2016, 2017 y 2018 de la Maratón Ciudad de Sevilla.
Los pliegos del concurso público de 2015 gracias al cual la organización del la maratón fue adjudicada a esta empresa, recogidos por Europa Press, estimaban un coste global de 4,42 millones de euros, IVA incluido, para la organización de las cuatro ediciones de la prueba, en concreto 732.450 euros en 2015 con una previsión de 9.500 inscripciones, 834.960 euros en 2016 con 10.500 corredores previstos, 985.200 euros en 2017 con 12.000 corredores previstos, y 1,1 millones de euros en 2018 con una previsión de 13.000 inscripciones.
A cambio, la empresa se hacía con el aprovechamiento de "los ingresos derivados de inscripciones y patrocinios y la explotación comercial" de la prueba, incluyendo "venta de material promocional".
Motorpress Ibérica, recordémoslo, está encargada además de la Carrera de la Mujer, cuya edición de 2017 sufría una controvertida suspensión tras la cual la empresa y el Ayuntamiento protagonizaron un cruce de acusaciones respecto a la responsabilidad de lo sucedido.
En cualquier caso, el consejo de gobierno del IMD ha celebrado este jueves una sesión, en cuyo orden del día, recogido por Europa Press, figuraba "la prórroga de la contratación del servicio de organización de la Maratón Ciudad de Sevilla para las ediciones 2019 y 2020", extremo aprobado con el voto a favor del PSOE, el PP y Ciudadanos y el voto contrario de Participa e IU, según ha dicho a Europa Press la edil de Participa Cristina Honorato y han confirmado fuentes municipales, después de dicha votación.
Honorato, en ese sentido, ha lamentado que el PSOE "criticase en 2014 esta privatización" iniciada por el anterior Gobierno local del PP porque estaba en la oposición, y ahora "siga el mismo modelo", amparándose en que "el contexto actual" obstaculizaría la recuperación de la gestión de la prueba para lo público.
