El Ministerio de Defensa no sólo exige al Ayuntamiento, so pena de llevarlo a los tribunales, el pago de una indemnización de 30 millones de euros como supuesto responsable de la expropiación de suelos de su propiedad hace tres decenios para la construcción de la ronda de circunvalación SE-30, sino que también pretende endosarle la mitad de los costes de reurbanización de las dos barriadas militares, que tiene sumidas en el abandono, Tablada y Pineda.
El pasado mes de enero, el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) envió a la Gerencia de Urbanismo un borrador de protocolo de actuaciones para la recepción de la barriada de Tablada (la siguiente sería la de Pineda) por parte del Ayuntamiento, en el que propone que éste asuma el 50% de los costes de reurbanización.
Los técnicos de la Gerencia han estimado que los trabajos de puesta a punto de las dos barriadas militares, Tablada y Pineda, ascenderían al menos a 8 millones de euros, por lo que la factura para las arcas municipales sería de 4 millones de euros.
El pasado 17 de mayo, la Gerencia de Urbanismo hizo ver al Invied la improcedencia legal y urbanística de requerir al Ayuntamiento que soporte el 50% de los costes de reurbanización de la barriada y le solicitó que tal, y como ha asumido en sus respuestas, asuma la redacción del Proyecto de Reurbanización de ambas.
Según el gobierno local, legal y urbanísticamente hablando está fuera de toda discusión que la reurbanización de las barriadas Tablada y Pineda para su posterior entrega al Ayuntamiento es una obligación que corresponde al titular de los suelos, en este caso a Invied.
Para los técnicos municipales, toda la problemática en relación con estas barriadas está generada porque el Invied no realiza un mantenimiento adecuado de unos espacios urbanizados que son de su titularidad. Si realizara un mantenimiento mínimamente digno de estos espacios los vecinos no estarían insatisfechos, molestos y no habría mociones políticas al Pleno, como la que recientemente presentó el grupo Popular.
Estrategia dilatoria
En todo este proceso, el Invied ha adoptado, a juicio del Consistorio, una clara estrategia dilatoria con cartas, escritos, reuniones con vecinos y borradores de protocolos, etcétera, de lo que se colige que no quiere asumir las cargas económicas derivadas de la reurbanización (aunque sí los ingresos que se han derivado de su calificación urbanística como suelo urbano consolidado; así, en Tablada ya han vendido las viviendas a los particulares).
Los dos hechos que realmente demostrarían la voluntad del Invied de solventar el problema no han sido asumidos ni concretados: Contratación del proyecto de reurbanización y dotación en los Presupuestos Generales del Estado de los importes necesarios para acometer las obras de reurbanización.
Por parte del Ayuntamiento de Sevilla se ha ofrecido que realice por fases, si no le es posible de una sola vez, las actuaciones que puedan adaptarse a las disponibilidades presupuestarias existentes.
En contraste, el Ministerio de Defensa sí ha aprovechado los derechos urbanísticos que generosamente se le otorgaron en el Plan General de Ordenación Urbana de 2006, bajo el mandato de Monteseirín, como la recalificación de los suelos de los Cuarteles Daoiz y Velarde para uso residencial libre (puesto a disposición de SEPES), el cuartel de Caballería de la Avenida Jerez de uso terciario y la actuación residencial libre de las Naves de Santa Bárbara, que fue utilizada como pago de la deuda histórica, entre otras.
