La titular del juzgado de instrucción 11 de Sevilla ha archivado la causa contra el presidente del Sevilla FC, José Castro, por presuntos delitos de administración desleal y falsedad documental en el uso de una cuenta del club y la compraventa de dos paquetes de acciones.
En un auto del 24 de mayo, al que ha tenido acceso Efe, la jueza expone que "ciertamente" Castro usó una tarjeta del Sevilla de la que disponen los directivos para disposiciones "ajenas a la propia actividad deportiva del club, pero cierto es que, en el momento en el que se ha pedido la devolución de las cantidades de las que dispuso el investigado en periodo de 2013 a 2017, este ha procedido a su reintegro, no sufriendo la sociedad perjuicio alguno".
Considera probado por la documentación aportada por la defensa y las declaraciones del director general del club José María Cruz y el responsable de Administración Javier Cano que testificaron en el juzgado, que estas cuentas existen desde 1998 inicialmente para hacer aportaciones al club y posteriormente pudiendo ser usadas por sus titulares para cargar gastos que luego se reponen.
Son cuentas "con reflejo en el libro mayor de la sociedad" y "por tanto ha sido conocida su existencia, su volumen y disposiciones dinerarias efectuadas, por los miembros del Consejo de Administración del club, la Junta General de accionistas y por tanto consentida por tal club".
Se permitía su uso particular "con la obligada devolución de las disposiciones dinerarias efectuadas por cada titular que disponía de ella, sin fijación de plazo devolución y sin que las disposiciones tuvieran que guardar íntima relación con la actividad deportiva del club, pues no se controlaba el destino concreto de los reintegros".
Hasta 2017 no se reguló ni cuantía máxima que podían usar ni plazo para devolverla.
En el caso de Castro, tras la denuncia del accionista minoritario Agustín Martínez a la Fiscalía, el Ministerio Público vio indicios de delito por cargos en la cuenta del club de más de 118.000 euros en gastos personales como viajes particulares, aunque consta su reposición posterior.
No obstante, tras las diligencias practicas, la Fiscalía ya solicitó el archivo que ahora acuerda la jueza.
En cuanto al delito de falsedad documental en la compra dos paquetes de acciones por parte de Castro -una a los herederos de un socio fallecido y otras de un vendedor al que compró unas acciones pero que durante unos días aparecieron registradas a su nombre más de las que le había adquirido-, la jueza considera que en el primer caso "existió una irregularidad administrativa, en aras a su reflejo en el libro de acciones, sin consecuencias para el club" y en el segundo un "error" en las anotaciones sobre su titularidad.
