La Fiscalía Provincial de Sevilla pide dos años de cárcel y una multa de 665.718,91 euros, con 60 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, para los administradores empresariales C.E.R, L.A.F. y L.A.B. por desviar casi un millón de euros recibidos de una empresa chipriota con la que participaba para abrir una mina en la zona de Río Tinto en la provincia de Huelva.
En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Pública inculpa a los tres encausados de un delito de apropiación indebida y un delito societario y solicita que indemnicen, de manera solidaria, a la empresa chipriota damnificada, con responsabilidad subsidiaria de las entidades que administraban, así como que abonen todas las costas procesales de manera proporcional.
En la exposición de los hechos, la Fiscalía señala que C.E.R. en calidad de administrador y apoderado de una empresa de inversiones industriales, "en connivencia" con L.A.F. y L.A.B., "a los que nombró administradores mancomunados" de una entidad dedicada a la explotación minera --en la que la empresa de inversiones ostenta el 99 por ciento del capital social--, acordaron "apoderarse en su propio beneficio" de parte de los fondos con los que una entidad chipriota y su filial española financiaban su participación en la futura apertura de una mina asentada en una parcela propiedad de la empresa que administraban dos de estos tres acusados.
Los acusados, de esta manera y tal como relata el Ministerio Público, aprovechaban que la empresa chipriota y su filial estaban obligados, a través de un acuerdo de intenciones y un contrato de inversión, a financiar con 250.000 euros al mes a la empresa minera siempre y cuando "dicho efectivo se destinara exclusivamente a cubrir el coste de cuidados y mantenimiento ordinarios de la maquinaria y las instalaciones" de la mina, para "desviar" esos fondos "en su provecho".
Así, la Fiscalía señala que además de estos fondos, los acusados usaron "otras cláusulas que regulaban la posibilidad de financiación previa justificación del gasto" para "simular pagos de prestaciones y gastos que afirmaban necesarios del proyecto minero y que respondían a gastos y deudas de las empresas y de sus administradores acusados". En concreto, los acusados destinaron esos fondos euros para pagar "a diferentes despachos de abogados y otros profesionales" para intereses personales, así como "abonar facturas" del año 2005 que el consejo de administración de la empresa minera "se negó a abonar por considerar que no respondían a servicios realizados".
La Sección Primaria de la Audiencia Provincial de Sevilla será la encargada de enjuiciar a C.E.R., L.A.F. y L.A.B. de los hechos que se le acusan en una vista oral prevista para el próximo 13 de mayo.
