El exalcalde de Berja Antonio Torres ha sido citado en octubre para declarar en calidad de investigado en el marco de la causa penal abierta para dirimir si incurrió en un presunto delito continuado de prevaricación al contratar servicios y suministros supuestamente "sin seguir el procedimiento legal previsto" y con informes "en contra del interventor municipal".
Torres deberá comparecer a las 09,45 horas del día 17 de octubre en la sede del Juzgado de Instrucción 1 de Berja, al igual que el resto de los ediles de su equipo de gobierno, a quienes también se les investiga por los mismos hechos tras la denuncia formulada por la Fiscalía, según consta en la providencia del juez Pablo Rubio del Rey consultada por Europa Press.
En su denuncia, el Ministerio Público apuntaba a que Torres (PP) y su equipo de gobierno podrían "haber hecho prevalecer su propia voluntad sobre los intereses generales del ente local y los particulares de los posibles interesados" y acordaba, sin perjuicio de una más depurada calificación jurídica, interponer denuncia ante el Juzgado Decano de Instrucción de Berja.
El grupo municipal del PSOE elevó en septiembre de 2018 un escrito a la Fiscalía en el que informaba de reconocimiento extrajudicial de crédito aprobado en pleno de 5 de marzo del 2018 con el voto a favor de los nueve miembros del PP para el pago de facturas a proveedores "con un dictamen desfavorable" del interventor del Ayuntamiento virgitano.
En la citada denuncia, los socialistas indicaban que Torres sometió a votación en el pleno la aprobación de diversas facturas correspondientes a otro ejercicio presupuestario, y "provenientes de deudas contraídas por el Ayuntamiento de Berja, resultando que algunas de ellas, o bien no cumplían con los requisitos legales para su aprobación, o bien habían sido fruto de la vulneración de la ley de contratos del sector público".
Añadía que el propio interventor del Ayuntamiento advirtió en sus informes de "la ilegalidad que suponía aprobar determinadas facturas" y señalaba que estos "reparos" había sido "obviados por parte del alcalde y de los concejales, que procedieron a aprobar el pago de las facturas".
Para el grupo municipal del PSOE, la conducta del equipo de gobierno "no opera como una simple inobservancia de la ley administrativa", sino que "aprueban gastos y ordenan el pago de facturas con los reparos y con los informes advirtiendo de las ilegalidades emitido por el interventor municipal".
"Ello nos hace sospechar de que la conducta del alcalde y los concejales se podrían encajar en la figura jurídica de la prevaricación al tratarse de actos injustos con conocimiento de la arbitrariedad de los mismos", remarcaba.
La denuncia concluía señalando que, "lejos de actuar en defensa del interés público general", los miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Berja "lo hacen llevados por una motivación personal o de favorecimiento a terceros tal, que obvian los informes de los técnicos municipales, concretamente en este caso, los del Interventor municipal, y proceden a aprobar facturas a proveedores, cuyos servicios contratan de forma irregular".
FACTURAS
En el detalle de hechos presentado a la Fiscalía de acuerdo al informe del interventor, se hace alusión a dos facturas por importe de 8.979,41 y 17.960 euros referidas a "servicios de alumbrado festivo, servicio ya contratado con otra empresa"; a otra de 108.480,43 euros a un proveedor a lo largo de un año, "existiendo continuidad en los suministros por lo que el contrato menor supera cuantía" establecida por ley y "debía haberse adjudicado mediante expediente de contratación" y a una factura a otra empresa para un servicio "para el cual ya existe un contrato administrativo en vigor".
Se refiere, así mismo, a otra facturación "mensual por tiempo superior a un año que supera lo establecido para el contrato menor", a facturas "de mantenimiento y reparación de servicios generales cuyos gastos no se corresponden con el objeto de concesión" y a facturas "por boletos de una asociación por lo que se corresponde a una subvención que no se ha aprobado conforme a los procedimientos previstos en la ley" o en las que "no se ha desglosado el IVA ni se han practicado retenciones de IRPF".
"Por tanto, las facturas que son sometidas a la consideración del pleno, a propuesta del alcalde, incurren en ilegalidad tanto desde el punto de vista formal, como del procedimiento administrativo, habiendo sido advertidos por el Interventor municipal de tales aspectos, tanto el alcalde proponente del acuerdo como los concejales que lo votan favorablemente", finaliza el escrito del PSOE.
