El Gobierno británico está dispuesto a cumplir la ley y solicitar una extensión de la fecha de salida de la Unión Europea si para el 19 de octubre no logra un acuerdo con Bruselas, pero la oposición teme que guarde un as en la manga para evitar retrasar la fecha de partida haya o no pacto.
Según los documentos remitidos este viernes por el Ejecutivo del conservador Boris Johnson al Tribunal de Sesiones de Edimburgo, el Gobierno se compromete, en línea con la legislación, a pedir por carta a Bruselas una prórroga que evite una ruptura abrupta el próximo 31 de octubre.
Este fue el argumento en que el gabinete de Johnson basó su defensa durante la vista para valorar las consecuencias legales que podría asumir el primer ministro si forzara un divorcio por las bravas, lo que podría incluir la imposición de una multa y hasta una posible pena de prisión.
El caso, sobre el que el juez Lord Pentland se pronunciará el próximo lunes, está motivado por la demanda que han presentado la parlamentaria del Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry, el empresario Vince Dale y el representante de la asociación antibrexit "The Good Law Project" Jolyon Maugham.
Los demandantes temen que, pese a haber asegurado que se respetará la ley, el Gobierno busque algún subterfugio que le permita, al mismo tiempo que solicita la prórroga, evitar que esta se lleve a cabo y poder así forzar la retirada del club comunitario.
Una fuente de Downing Street, el despacho oficial del primer ministro, confirmó que el Gobierno cumplirá la norma, aunque reiteró que el "brexit" se producirá el 31 de octubre, como está previsto.
Acerca de la legislación, que se conoce como "Benn Act" por el diputado laborista Hilary Benn que la impulsó, dijo que "solo impone un deber específico muy estricto con respecto a la carta del Parlamento solicitando una extensión", y su contenido, precisó, "puede ser interpretado de maneras diferentes".
"Pero la ley no impide que el Gobierno haga otras cosas que no impliquen extensiones, incluidas otras comunicaciones, privadas y públicas", sostuvo la citada fuente.
En declaraciones a los medios a la salida de la corte, Maugham afirmó que su "preocupación" y la de sus compañeros se basa en el hecho de que "no se puede confiar en este primer ministro".
"Está haciendo declaraciones contradictorias y no confiamos en que hará lo que le ha dicho al tribunal. Por eso queremos que el tribunal dicte órdenes que lo obliguen a hacerlo y, si no lo hace, que afronte consecuencias legales en el ámbito personal", señaló.
Esta fue la línea argumental que siguió el letrado de los demandantes, que durante la vista hizo referencia a las declaraciones en las que Johnson ha recalcado que preferiría "estar muerto en una zanja" antes que solicitar una extensión.
La ley aprobada por el Parlamento en septiembre establece la necesidad de pedir una prórroga de las negociaciones si no hay consenso para el 19 de octubre, después de que se celebre el Consejo Europeo que serviría para dar el visto bueno un eventual pacto.
Además, el Tribunal de Sesiones celebrará otra vista el martes para determinar si la Justicia podría activar el mecanismo legal "nobile officium", que solo existe en Escocia y contempla adoptar el papel del primer ministro para solicitar una extensión del "brexit" si, llegado el momento, Johnson se negase a hacerlo.
De darse esta situación sin precedentes, la carta sería firmada por el secretario del juzgado.
Es probable que en cualquiera de los escenarios la parte derrotada el martes recurra el fallo ante el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial del Reino Unido, como ya pasó con el caso anterior sobre la suspensión del Parlamento.
Cherry y Maugham formaron parte también de la demanda que se dirimió en el Tribunal Supremo el pasado 24 de septiembre y que dejó sin efecto la polémica suspensión del Parlamento decretada por Johnson, al considerar que fue una decisión "ilegal".
El "pemier" ha remitido a la UE una propuesta de acuerdo con la esperanza de que pueda servir para negociar un tratado de salida.
Su principal medida se centra en sustituir la polémica salvaguarda destinada a evitar una frontera física en la isla del Irlanda tras el "brexit", el principal escollo hasta ahora.
Si bien las autoridades europeas estudian todavía el plan, el Gobierno irlandés ya ha expresado su oposición al indicar que no cumple los objetivos acordados para la salvaguarda.
