El arzobispo de Granada, Javier Martínez, ha aprobado y publicado, con una vigencia inicial de tres años, un protocolo de prevención y actuación frente a abusos sexuales a menores y a personas vulnerables y un código de buenas prácticas para "ambientes sanos y seguros" en la iglesia de esta provincia.
Según recoge el decreto por el que se establece, publicado en la web del Arzobispado y al que ha tenido acceso Efe, el protocolo tiene carácter vinculante para todos los que tengan cualquier tipo de responsabilidad personal o institucional en los entes canónicos dependientes de la Archidiócesis de Granada.
"Quiero que todos los que actuamos en la archidiócesis y que tenemos trato con menores o con personas vulnerables nos tomemos con absoluta seriedad los pasos destinados a erradicar este crimen y a curar o a aliviar las heridas que siempre produce en las personas", indica Martínez.
El protocolo, al que también ha tenido acceso Efe, explicita y concreta las medidas prácticas para escuchar, tutelar, proteger y cuidar a los menores abusados, explotados y olvidados, y engloba aspectos como el maltrato físico, psicológico o emocional, ciberacoso y el sexual.
En cuanto a este último se refiere a aspectos como abuso sexual entendido como un atentado contra la libertad sexual de un menor o una persona vulnerable con el uso de violencia o intimidación, ya sea directo, indirecto, y también alude a acoso, provocación y explotación sexual.
Entre las medidas que plantea recoge que será obligatorio solicitar un certificado negativo del registro central de delincuentes sexuales a toda persona que vaya a tener responsabilidad profesional o voluntaria con menores en el ámbito de las instituciones y actividades diocesanas.
También que todos los sacerdotes o laicos firmen voluntariamente un documento de responsabilidad personal en el que manifiesten de forma expresa un rechazo personal a todo tipo de abuso sexual y en el que afirmen que conocen la doctrina de la Iglesias y las leyes civiles sobre este tema.
El protocolo establece igualmente una comisión de protección de menores y personas vulnerables y programas de formación específica y dedica, además, un apartado a la detección, denuncia y actuación frente al abuso sexual.
El documento prohíbe estrictamente a los trabajadores pastorales infligir castigos corporales de cualquier tipo, establecer una relación preferencial con un menor de edad, dejar a un niño en una situación potencialmente peligrosa, recurrir a él de manera ofensiva o involucrarse en conductas inapropiadas o sexualmente sugestivas, y fotografiar o grabar a un menor sin consentimiento por escrito de sus padres o tutores.
También prohíbe ponerse en "situación de riesgo o claramente ambigua" como entrar en los vestuarios, baños o duchas mientras estén los menores, compartir habitación de hotel o tienda de campaña, subir a un menor a solas en un coche o incluso "quedarse a solas mucho tiempo con un menor", por ejemplo, en la sacristía de la iglesia, sala o dependencia parroquial y con la puerta cerrada, entre otras medidas.
