El avance de la epidemia de coronavirus en Francia llevó este viernes a su presidente, Emmanuel Macron, a ampliar hasta el 15 de abril el confinamiento de la población y a analizar su impacto con la patronal y los sindicatos, preocupados por la protección tanto de la actividad como de los trabajadores.
La restricción estricta de los movimientos comenzó el 17 de marzo e iba a expirar este próximo martes, pero fue prolongada otras dos semanas, y podría ser renovada "si la situación sanitaria lo exige", tal y como lo anunció el primer ministro, Édouard Philippe.
Lo justifican los 32.964 casos confirmados, de ellos 3.787 graves, y los 1.995 muertos registrados hasta este viernes en hospitales y centros médicos, que obligan a intentar limitar su avance para que el personal médico pueda afrontar el flujo de casos graves.
Para atenuar el daño económico y social que provoca el confinamiento, el Consejo de Ministros ya había aprobado este miércoles 25 decretos, una cifra récord en un solo día desde la instauración de la V República, en 1958, pero este viernes juntó a sindicatos y a la patronal para evaluar conjuntamente esa hoja de ruta.
En una videoconferencia con Macron al frente, junto a Philippe y los titulares de Sanidad, Agricultura, Trabajo y Economía y Finanzas, ese diálogo justificó una gestión que ha puesto a los sindicatos en alerta.
Principalmente, por no haber precisado todavía qué sectores productivos no se consideran esenciales o por la ampliación del límite máximo de la semana laboral hasta las 60 horas, frente a las 48 actuales.
"Se está pidiendo el mayor esfuerzo a los trabajadores, que ya tienen muchos horarios extra y muchos están agotados. No creemos que sea la buena solución", indicó a EFE sobre esa última medida la secretaria confederal del sindicato CGT, Nathalie Verdeil.
Sobre la mesa estuvo cómo conciliar la actual economía "de guerra" con el derecho laboral, y aunque los sindicatos no se opusieron al confinamiento ni a su endurecimiento, sí advirtieron de la falta de protección de los trabajadores, especialmente del sector sanitario.
"Nos encontramos ahora con el resultado de políticas drásticas emprendidas desde hace años sobre los hospitales, con supresión de camas y presupuestos cada vez más ajustados, a la baja", añadió Verdeil.
En ese mismo encuentro, la CFDT recordó que los trabajadores que actualmente tienen "la mayor plusvalía social son quienes están en lo más bajo de la escala social y salarial", y pidió además estar atentos a las consecuencias del confinamiento en aquellos en situaciones difíciles, con niños en casa o material inadaptado.
La prioridad es su "protección", dijo su secretario general, Laurent Berger, que según el comunicado de su organización insistió en que el empleo también debe ser protegido y en que cualquier cambio sobre su duración exige diálogo social.
Los sindicatos sí obtuvieron el compromiso gubernamental de enmarcar la entrega de dividendos.
"Insto a todas las empresas a hacer gala de un sentido cívico y de responsabilidad. Las que necesiten tesorería y pidan ayuda del Estado no deben entregar dividendos. Las que lo hagan deberán devolver ese avance de tesorería con intereses como penalidad", dijo en "BFM TV" el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire.
Y aunque la actual emergencia sanitaria ha llevado a que el Ejecutivo paralice reformas como la de las pensiones, que le valió este año una fuerte contestación en las calles, los sindicatos alertaron de que extremarán su vigilancia en cuanto se supere la crisis sanitaria.
"Somos conscientes de que atravesamos un periodo inédito y grave. De momento nos centramos en intentar actuar para que se tomen medidas de protección, pero le recordaremos al gobierno y a la patronal las promesas hechas", concluyó la CGT.
