Dos juzgados de lo Social de Sevilla han denegado por falta de competencia las medidas cautelares solicitadas por dos sindicatos para que la Junta de Andalucía y el Gobierno central dotaran al personal sanitario y de Justicia de Andalucía de equipos de protección individuales (EPI) contra el coronavirus.
En un auto dictado el 1 de abril, el Juzgado de lo Social número 7 deniega la medida cautelar interesada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) al apreciar que la decisión corresponde a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ya que el reclamante "pretende que los efectos se extiendan" a la comunidad autónoma, que es "un ámbito territorial superior" al de la circunscripción del juzgado.
Según ha informado este lunes la oficina de comunicación del TSJA, el Juzgado de lo Social número 7 ha adoptado esta decisión tras recibir las alegaciones de la Fiscalía, la Junta y el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
El Sindicato Médico Andaluz Federación interesó la medida cautelarísima de requerir a la Consejería de Salud y Familias y al SAS para que en un plazo de 24 horas dotaran al personal sanitario y a los centros hospitalarios de batas impermeables, mascarillas FPP2 y FPP3, gafas de protección y contenedores de grandes residuos.
En otro auto dictado el 2 de abril, el Juzgado de lo Social número 3 también deniega por falta de competencia las medidas cautelares provisionalísimas solicitadas por la Federación de Empleados Públicos de la Unión Sindical Obrera en Andalucía (FEP-USO).
En este sentido, el sindicato quería que el Ministerio de Justicia y la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía dotaran de EPI al cuerpo general de funcionarios públicos y resto de personal adscrito al cuerpo de Justicia de la región andaluza.
La FEP-USO pidió que a ese personal se le proporcionase geles desinfectantes y material higiénico, así como que se realizase una limpieza y desinfección "profundas" de las sedes judiciales de la comunidad autónoma.
También solicitó que se activase la disponibilidad del personal y que se fomentase y optimizase la utilización de medios telemáticos "con el objetivo de evitar desplazamientos y la presencia física" de los funcionarios en las sedes judiciales y centros de trabajo.
La jueza, tras exponer las alegaciones realizadas por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Junta, concluye que no ha lugar a la medida cautelar porque la competencia para adoptarla corresponde a la Sala de lo Social del TSJA o la Audiencia Nacional, ya que en este caso "se demanda igualmente al Ministerio de Justicia, por lo que la pretensión parece tener ámbito nacional".
