Cuando se cumplen 22 años ya de la gran catástrofe medioambiental derivada del vertido masivo de lodos tóxicos al área de influencia del río Guadiamar, como consecuencia de una fractura en la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero de Aznalcóllar (Sevilla), explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa), el alcalde de dicho municipio, Juan José Fernández, ha pedido "celeridad" en la reapertura de la corta porque sin la reanudación de la actividad extractiva, a la localidad sólo le espera "la muerte" económica.
Con motivo de la efeméride, Juan José Fernández (IU) expone que mientras la sociedad afronta en general la "inminente crisis económica" derivada de las restricciones a la actividad del estado de alarma decretado contra la pandemia de coronavirus Covid-19, Aznalcóllar está "desde 2002" sumida en su propia crisis a cuenta de la desaparición de los trabajos de minería tras el desastre del 25 de abril de 1998.
Por eso, ha instado a las administraciones a "acelerar dentro de la Ley y con las máximas garantías sociales , económicas y medioambientales", la reapertura de la corta minera de Los Frailes, cuyos derechos de explotación fueron adjudicados en 2015 por la Junta de Andalucía a la agrupación empresarial México-Minorbis, en la que participa la empresa andaluza Magtel, al objeto de reanudar las labores extractivas de mineral.
AZNALCÓLLAR RECLAMA "TRABAJO DIGNO"
"Queremos trabajo digno, ganar el pan con nuestro sudor para mantener a nuestras familias, un techo y poder sacar a nuestros hijos adelante, ofreciéndoles poder estudiar y seguir sus carreras", defiende el alcalde de Aznalcóllar.
En ese sentido, ha señalado la investigación penal que sigue el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla sobre la adjudicación de los derechos de explotación de la mina, merced a la denuncia por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude interpuesta por la sociedad Emerita Resources España, que competía con México-Minorbis en el concurso promovido por la Junta de Andalucía para adjudicar la explotación del complejo minero de Aznalcóllar.
La juez instructora, Patricia Fernández Franco, ha archivado en dos ocasiones las diligencias incoadas tras la citada denuncia de Emerita, pero en ambas ocasiones la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, en la que figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, ha ordenado la reapertura de la investigación judicial.
LAS DECISIONES JUDICIALES
En su última providencia, emitida el pasado 13 de marzo y recogida por Europa Press, la juez instructora ha pedido a las partes personadas en el procedimiento judicial que se pronuncien sobre "el curso" del mismo al no apreciar ya "diligencias de investigación pendientes de practicar", es decir que se decanten entre un nuevo sobreseimiento de las actuaciones o continuar los trámites hacia la celebración de un juicio.
Al respecto, el alcalde de Aznalcóllar ha acusado a Emerita de actuar por mero "capricho" o "especulación", porque a su juicio, dicha empresa "no quiere la mina y tal vez nunca la quiso". "No puede explotarla porque no tiene solvencia y ningún socio minero lo creyó", asevera con relación a la citada entidad.
Por eso, el primer edil de Aznalcóllar ha manifestado que espera que la causa judicial sea archivada de nuevo y que la corta minera "comience" a ser explotada cuanto antes, porque según avisa, la situación no permite "andar jugando y que la única inversora se aburra y todo se vaya al garete". "Si no hay mina, sólo espera la muerte y antes, Aznalcóllar dará mucho ruido", ha sentenciado.
"Desde el Consistorio, así como desde la población, no escatimaremos en alzar la voz. Aquí no serán un puñado de mineros, serán pueblos enteros, desde niños a padres y abuelos, saldrán a la calle y no será una tarde y se acabó", advierte una vez más el alcalde de Aznalcóllar.
