Ninguno de ocho Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que operan en España cuenta con personas migrantes en su interior desde este miércoles, 6 de mayo, cuando ha cesado el internamiento de la última persona que permanecía en el centro ubicado en Algeciras.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio del Interior, del que dependen estas instalaciones policiales de carácter no penitenciario diseñadas para poder ejecutar la expulsión del territorio nacional.
Desde la declaración del Estado de Alarma el pasado 14 de marzo por la pandemia del coronavirus, se ha ido liberando poco a poco a los internos. La ley permite mantenerlos dentro un máximo de 60 días y, si en este plazo no han sido devueltos, deben quedar en libertad. En el contexto actual, que ha derivado en cierres de fronteras, es imposible su retorno a sus países de origen.
Así pues, se han ido desalojando "de manera ordenada", tal y como aseguró el ministro Fernando Grande- Marlaska en una comparecencia en el Congreso el pasado 23 de abril. Ese día, todavía permanecían tres personas en el CIE de Algeciras, mientras que ya estaban vacíos los otros siete centros.
Antes del Estado de Alarma, la ocupación de estas instalaciones se situaba en el 59%. De las cerca de 1.200 plazas que hay en estos centros, el número total de plazas disponibles reales rondaba las 700 y 800 plazas, ya que algunas se encontraban en obras (como es el caso del CIE de Barcelona) y otras tantas se tenían que habilitar.
Ahora, 53 días después de que se decretase la alarma, los CIE están a cero en ocupación. Estos centros existen desde el año 1986, tras contemplarse en la primera Ley de Extranjería (Ley Orgánica 7/1985 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España). En ella se establece la posibilidad de que el juez de instrucción acuerde como medida cautelar vinculada a la sustanciación o ejecución de un expediente de expulsión su internamiento en centros que no tengan carácter penitenciario.
La existencia de estos centros y su internamiento se ha mantenido y ampliado en modificaciones posteriores de la ley de Extranjería y, de hecho, en el año 2014 se aprobó el reglamento de funcionamiento y régimen de los CIE. Si bien, su existencia es muy cuestionada por varias organizaciones que reclaman su cierre inmediato y definitivo y que denuncian la falta de transparencia y violaciones de derechos fundamentales en su interior.
Lucha por el cierre definitivo
De hecho, desde la 'Plataforma CIES NO Madrid' han emitido un comunicado este viernes expresando su "alegría" tras conocer que ninguna persona está interna. "Hoy es un día que no olvidaremos, como tampoco olvidamos las vulneraciones de los derechos humanos, ni las muertes, ni el trato indigno y vejatorio, ni las agresiones ni las torturas, ni el sinfín de aberraciones que han sucedido entre sus muros cada día desde que fueron creados", sostiene.
Así, ha avisado de que una vez pase la crisis sanitaria del COVID-19 seguirán luchando para que ese cierre sea "irreversible" y hasta convertirlo en definitivo. "No son cifras o números, son historias humanas de supervivencia y sujetos de derechos y responsabilidades. ¿Quién repara el daño causado por su privación de libertad de 60 días en condiciones que muchos de ellos relatan peores que las de los centros penitenciario?", han destacado.
Durante el desalojo de los CIE, se ha priorizado a aquellos internos con domicilios o arraigo en España, según aseveró Grande-Marlaska, que apuntó que el resto han pasado a los servicios del Sistema de Acogida, que dependen de la Secretaria de Estado de Migraciones. Al respecto, fuentes de este departamento han precisado a Europa Press que un total de 239 personas procedentes de los CIE, concretamente de los centros de Barcelona, Madrid y Valencia, han pasado al sistema de acogida.
De acuerdo a un informe del SJM, en 2018 fueron internadas en los CIE un total de 7.855 personas: 7.676 varones y 179 mujeres. Dos tercios de los internos procedían de Marruecos (36%) y de Argelia (32%. Precisamente Marruecos, Guinea y Argelia son los tres países de los que proceden la mayor parte de quienes llegan de manera irregular a España, de acuerdo a datos de ACNUR a fecha 31 de diciembre de 2019.
En 2017, un total de 8.837 migrantes pasaron por alguno de los siete Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Sin embargo, fueron 3.041 las personas finalmente enviadas a sus países de origen, mientras que 5.796 personas (el 65,5%) recluidas en los CIE tuvieron que ser puestas en libertad ante la imposibilidad de ejecutar la orden de expulsión.
Así se reflejó en datos oficiales recopilados en una respuesta parlamentaria a la exsenadora de Unidos Podemos Maribel Mora, unas cifras que constataban que el Ministerio del Interior, responsable de la gestión de los centros, logró deportar a su país de origen únicamente al 34,5% de los internos.
