Andalucía será la primera región en España en contar con una Estrategia Aeroespacial. La semana pasada, la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad puso en exposición pública el documento para que, en el plazo de un mes desde el 1 de junio, se puedan realizar las alegaciones oportunas.
El titular del departamento, Rogelio Velasco, explica a Andalucía Información que, “más allá de las aeroestructuras y los subconjuntos, que representan la base principal de producción del sector aeroespacial andaluz, existen otras áreas de actividad, como el mantenimiento y la reparación de aeronaves (MRO), fabricación de drones (RPAS) o el campo de pseudosatélites que hasta ahora apenas han sido exploradas por nuestra industria y que pueden proporcionar a la misma alta rentabilidad, crecimiento y empleo”.
El presidente del Consejo Económico Aeronáutico de Cádiz, Antonio Conde, que ha participado en la redacción del texto, admite, no obstante, que la crisis del Covid-19 obligará a reconducir la estrategia. “Habrá que ajustar periodos (la planificación es hasta 2027) y priorizar medidas”, explica.
En este sentido, adelanta que planteará modificaciones encaminadas a insistir en el papel que debe jugar la reparación y el mantenimiento porque es toda una incógnita cuándo se producirá la reactivación de la aviación comercial y, en cualquier caso, la demanda en el futuro de nuevos aparatos se verá reducida.
La provincia, no obstante, se lame las heridas tanto en uno como en otro ámbito de la actividad. En pleno confinamiento, la empresa americana Willis renunció a su intención de levantar una planta de desguace de aviones en el aeropuerto de Jerez por las diferencias con AENA, que preveía una instalación fotovoltaica en los suelos que ocuparía la firma, y las dificultades para construir una conexión con la pista del aeródromo.
Airbus, por su parte, aplicó un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) hasta final de septiembre que afecta a 3.178 empleados de su división de aviones comerciales en España, 379 en Puerto Real, y ha reducido la producción al 50% hasta marzo del próximo año, advierte Conde.
Las 25 empresas radicadas en la provincia de Cádiz vinculadas a la aeronáutica se están viendo afectadas, con sus empleados igualmente en casa. Pero, tal y como advierte el secretario general de FICA UGT, Antonio Montoro, el sector ha perdido hasta 500 empleos en Cádiz en 2020, antes del decreto del estado de alarma. En enero, agrega, no quedaban eventuales contratados.
La paralización del Boing 737 Max afectó al CBC de El Puerto. Antes, el cierre del programa A380 y la reducción del modelo A350 encendieron todas las alarmas.
“La mayoría de las empresas auxiliares tienen aprobadas sus solicitudes o negocian un ERTE y mucho nos tememos que solo sea una patada adelante y acaben extinguiéndose los empleos”, advierte Montoro, quien eleva hasta 3.500 los asalariados vinculados al sector, incluyendo, entre otras labores, transporte, seguridad o limpieza.
“Hace falta un frente común”, agrega, antes de que “todo se venga abajo”. En este sentido, Conde apunta a que es imprescindible que haya una implicación de la Administración central para garantizar la viabilidad. No habrá estrategia autonómica que valga sin el paraguas del Gobierno. Una implicación que se hace más necesaria aún después de que el Ejecutivo eligiara a Indra como socio español para el desarrollo del sistema de combate aéreo europeo (FCAS) en lugar de Airbus.
El consejero Velasco ha informado esta semana a los máximos responsables del clúster Andalucía Aeroespace que solicitará tres compromisos al Gobierno de Pedro Sánchez. En primer lugar, el apoyo a las aerolíneas. Pedirá, igualmente, el mantenimiento o incremento del presupuesto del Ministerio de Defensa en los programas de mayor impacto en Andalucía (A400M, C-295, A320MPA, FCAS y Euromale). Y, en tercer lugar, planteará la puesta en marcha de un Plan Estratégico Nacional.
Por otro lado, también ha expresado su intención de trasladar al Ejecutivo la necesidad de crear un fondo especial para la industria aeroespacial, complementado con líneas de ayudas de ámbito autonómico a través de fondos europeos.
Actualmente está en marcha la convocatoria de ayudas de I+D+i, dotada con 43 millones de euros, para iniciativas de unidades de Innovación Conjunta y Proyectos Colaborativos, a la que habrá que sumar otra con 44 millones de euros más para proyectos de I+D+i empresarial y procesos
