El Consejo General de Economistas ha anunciado que mantiene sus previsiones del mes anterior, que apuntan a una caída del PIB en 2020 del 11,2 % y una tasa de paro de entre el 20-22 %, y ha reclamado en el contexto actual que se amplíen los ERTE hasta finales de año y se aprueben unos nuevos presupuestos.
El organismo, que prevé, asimismo, un déficit de entre el 12-15 % y una deuda pública en torno al 120-125 %, ha calificado de "indispensable y urgente" la aprobación de unos nuevos presupuestos adaptados a esta situación que, a ser posible, fueran consensuados por la mayoría de los partidos políticos.
Los presupuestos actuales son los aprobados en 2018, con una realidad económica distinta (una deuda del 98,4 % y un déficit del 2,5 %) frente a la situación actual, con la deuda en el 116 % y el déficit en el 11,7 %, y que, según sus previsiones, se situará a final de año en torno al 122 % y al 12-15 %, respectivamente.
De acuerdo con el Consejo General de Economistas, también sería recomendable prorrogar algunas medidas, como por ejemplo los ERTE, hasta finales de año ya que están llegando a su fin y muchas empresas no podrán reiniciar su actividad elevando con ello la tasa de paro.
De hecho, Alemania, sin ir más lejos, ha prorrogado los ERTE hasta final del año 2021.
A este respecto, ha recodado que aproximadamente el 95 % del tejido productivo español está compuesto por pymes, en las que el factor laboral tiene un gran peso, y, por tanto, es más sensible para aligerar costes.
El Consejo General de Economistas ha reconocido además que la moderada reactivación económica iniciada tras la finalización del estado de alarma, con la llegada del verano, no está siendo suficiente para compensar las pérdidas sufridas por determinados sectores –turismo, ocio, cultura o comercio, entre otros– durante el confinamiento.
De hecho, ha apuntado que la recuperación esperada a partir del tercer trimestre se está viendo amenazada por los rebrotes de la pandemia, que están surgiendo en todo el país, y que podrían acelerarse en septiembre con el comienzo del curso escolar y con la falta de medidas homogéneas en las distintas comunidades autónomas.
En este contexto, el organismo ha puesto de relieve que la reducción de ingresos (se estima que la recaudación del IVA ha descendido el 50 % en el segundo trimestre) y un aumento considerable del gasto, entre otros para sufragar el gasto sanitario producido por la pandemia, hace necesario que unos nuevos presupuestos que incorporen el destino de las ayudas europeas.
Para ello, ha subrayado que es fundamental contar con la colaboración del sector privado en la presentación de proyectos viables para la reactivación de la economía del país, así como establecer medidas para favorecer los sectores de I+D+I que potencien la productividad y la formación, sobre todo en nuevas tecnologías.
A este respecto, ha insistido en que es necesaria la colaboración del sector privado, especialmente, en aquellas actividades con más productividad y con más futuro, "evitando mantener artificialmente aquellas actividades obsoletas o improductivas", estableciendo, al menos a corto plazo y mientras se estabiliza la situación, incentivos a la contratación laboral –con flexibilidad– e incentivos fiscales a las empresas.
Además, en su opinión, habría que establecer medidas para incentivar la inversión, ya sea foránea o nacional, actualmente casi nula.
En España, la tasa de ahorro está en el 12 % y se espera que finalice el año en el 20 %, lo que indica la aversión al riesgo en las inversiones, así como el retraimiento del consumo ante la incertidumbre existente.
