"Un tremendo jarro de agua fría". Así ha calificado el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, la negativa del Congreso, este jueves, al Real Decreto Ley que debía permitir el uso de remanentes y superávits por parte de los ayuntamientos y diputaciones de España.
En clave provincial, la negativa a la propuesta que el Gobierno acordó con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que las entidades locales pudiesen emplear sus propios fondos en inversiones para la reconstrucción social y económica tras la pandemia "tiene consecuencias realmente graves en distintos apartados", informa la Diputación en un comunicado.
"El más destacable, sin duda, pasa por la imposibilidad de que la Diputación pueda poner a disposición del Tesoro Público en torno a 258 millones de euros, procedentes de los remanentes para gastos generales de la corporación provincial y sus organismos autónomos". Una vez cedidos, el Tesoro habría devuelto para inversiones del ente provincial "algo más de 90 millones en dos años".
En concreto, la corporación intermunicipal "habría podido invertir en agenda sostenible, cultura y servicios sociales un total de 36,2 millones en 2020 y otros 54,3 millones en 2021". Incluso todavía en el ámbito del uso de esos remanentes, la entidad provincial "seguiría recibiendo las devoluciones del Tesoro entre 2022 y 2030, a razón cada año de 28 millones de euros".
Además, otra inversión fundamental para la provincia "que se malogra con la negativa al Real Decreto Ley" es la posibilidad de reeditar la octava edición del Plan Supera. En este apartado, la Diputación "habría podido sumar otros 47,1 millones de euros, a los 15,4 que ya ha empleado de su superávit, ya que hasta el momento eso es lo único que se había autorizado emplear".
"Con este rechazo, se pierde también la posibilidad de exonerar del cumplimiento de la regla de gasto a los ayuntamientos y diputaciones en este 2020 y, por consiguiente, el compromiso de liberarlos también de esa cuestión en 2021". Por tanto, "los gastos extra que los ayuntamientos debieran acometer en este año tan particular estarían vedados o penalizados por este requisito de cumplir con la regla de gasto". Es decir, que los alcaldes "tendrán las manos atadas y no podrán ofrecer la mejor respuesta a la ciudadanía en el menor tiempo y con todos los recursos posibles", ha apostillado Villalobos.
Otro gran paso adelante "que se ve truncado" en el caso de la provincia de Sevilla es la posibilidad que abría el Real Decreto Ley a ayudar desde las diputaciones a aquellos consistorios que estuviesen en riesgo financiero. "Ahí íbamos a estudiar nuevas líneas de préstamo a estos Consistorios, a través de la convocatoria del FEAR, previa autorización del Ministerio de Hacienda, pero ahora todo ha saltado en mil pedazos", ha lamentado el presidente de la Diputación.
La negativa a la norma debatida en el Congreso "deja sin efecto también la prórroga que se preveía para el procedimiento de ejecución de inversiones financieramente sostenibles financiadas con superávit 2018". "Eso significará que las obras del Plan Supera 7 tendrán que rematarse sí o sí en este 2020, después de que los plazos saltaran por los aires con la pandemia, lo que nos hace albergar una profunda preocupación porque no hay tiempo material", ha esgrimido el regidor provincial.
"Con otras palabras, todos los fondos del Supera 7 deberán quedar abonados ahora en su totalidad en 2020 y, en caso contrario, perderán su calificación de inversiones financieramente sostenibles y computarán en nuestra regla de gasto", ha explicado.
Junto a esta "cascada de despropósitos", como la ha llamado Villalobos, "perdemos también una oportunidad histórica de poder acceder de forma directa a los recursos financieros que llegarán de Europa a través del fondo de Reconstrucción. Es decir, que las entidades locales continuaremos dependiendo de Estado y Comunidad Autónoma para tener derecho a unos recursos, los que envía la UE, que son fundamentales a escala local".
Por último, el presidente de la Diputación ha puesto el acento en que "no solo seguiremos sin poder utilizar los remanentes, tal y como ha ocurrido durante casi una década a causa de la Ley de Estabilidad del PP, sino que además esos recursos financieros de Diputación continuarán en los bancos, suponiendo un coste para uestras arcas, porque los intereses de esos depósitos son negativos".
Para el presidente de la Diputación, "tanto el PP, como principal partido de la oposición, y con ellos Vox, lo van a tener difícil para explicar su 'no' al Real Decreto en el plenario de la Diputación. "Es una debacle para el municipalismo, con el PP como principal protagonista, secundado por los nacionalismos y sus socios de Vox", ha concluido.
