Ecologistas demandan al Gobierno ante el Supremo por incumplimiento climático

Las organizaciones ecologistas Greenpeace y Ecologistas en Acción, junto a Oxfam Intermón han interpuesto una demanda contra el Gobierno ante el Tribunal Supremo por "inacción e insuficiencia y timidez" en el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos.

Las organizaciones han determinado como puntos claves para litigar contra el Ejecutivo el incumplimiento de los plazos de presentación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y de las Estrategias a Largo Plazo ante la Comisión Europea, que expiraron el 31 de diciembre de 2019 y 1 de enero de 2020 respectivamente.

En un rueda de prensa telemática, los tres grupos han explicado que con este primer pleito climático contra el Estado, quieren demostrar que el Gobierno "vulnera" los compromisos asumidos en el Acuerdo de París para no superar los 1,5 grados, según los cuales la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) no debería ser inferior al 55 % en 2030 -respecto a 1990- y al cero neto en 2040.

Sin embargo, han lamentado que, en España, un país muy afectado por el cambio climático, el borrador del Gobierno establece un objetivo de reducción del 23 % de las emisiones en 2030, muy por debajo del referido compromiso internacional.

Para evitar un cambio climático devastador sólo hay una vía, "reducir drástica y rápidamente las emisiones de CO2 y acelerar la transición ecológica, lo que requiere de decisiones políticas y judiciales valientes", ha alertado Mario Rodríguez director de Greenpeace.

"No bastan las palabras es el momento de actuar, la ley nos ampara y la política no nos puede fallar una vez más", ha incidido Rodríguez.

En la misma línea se ha manifestado Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción para quien en estos momentos en que la pandemia muestra la crudeza de una crisis global, no se puede ignorar el problema climático y ha observado que con esta demanda "nos jugamos mucho como sociedad".

Ha recordado la "escasísima actuación de Gobiernos anteriores en materia climática, e incluso nulas", pero, a su juicio, esto no es excusa para materializar el gran compromiso con el Acuerdo de París.

Los grupos han advertido de que "llevamos años emitiendo GEI por encima de lo establecido", para recordar que, durante el reparto para cumplir con la reducción de emisiones recogidas en el Protocolo de Kioto, a España se le permitió un incremento del 15 % respecto a las de 1990, en lugar de reducirlas como a la mayoría de Estados de la Unión Europea.

A su juicio, lejos de respetar ese límite, España ha incrementado sus emisiones, y solo el impacto de la posterior crisis económica redujo las emisiones hasta 2012, momento en el que estas retomaron un crecimiento constante hasta hoy.

Para las organizaciones, con los objetivos previstos por el Gobierno para disminuir los GEI no se evitará el impacto de sequías, aumento del número de los incendios, lluvias torrenciales y una mayor subida del nivel del mar, situaciones que, afectarán, en mayor medida, a los más vulnerables.

En este sentido, Franc Cortada, director de Oxfam Intermón ha detallado que los más vulnerables son a la vez los que menos contaminan y los menos recursos tienen para adaptarse al cambio climático, por lo que es importante adoptar mecanismos para defender a estas personas, en especial a las mujeres.

En este punto, Cortada ha apelado a la sensibilidad feminista del Gobierno actual para hacer hincapié en que "la vulnerabilidad tiene rostro de mujer."

Respecto a la demanda interpuesta, los servicios jurídicos de las organizaciones han explicado que, aunque esta prosperara en los próximos meses, se trata de "veredictos difíciles de llevar a cabo", porque el Estado carece de mecanismos necesarios para obligar a su ejecución, por lo que apelan a la sociedad para exigir su cumplimiento.

Es la hora -han coincidido los tres- de adoptar medidas pertinentes con "las obligaciones históricas y ambientales del país" y de aprobar planes de protección ambiental con una amplia participación pública y una evaluación ambiental estratégica.