Continúa la “sangría” en la educación pública. Después de conocer en las últimas semanas nuevos cierres de líneas en tres centros públicos de la capital gaditana, como son el Gadir, La Inmaculada y el Carlos III, la protesta ha vuelto a sonar en las calles. Casi medio centenar de personas se concentraron en la mañana de este martes ante la sede de la Delegación Territorial de Educación, en la calle Antonio López. Convocaba la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Flampa Gades) aunque la movilización encontró también el apoyo de varias fuerzas políticas.
Es como si tuviéramos el hospital San Rafael a reventar y un Puerta del Mar vacío. Eso es lo que está pasando con la educación pública”“Todos los años ocurre lo mismo con la pública”, señala la presidenta de la Flampa, Marián Gil. Apunta que desde la Junta “aprovechan a la mínima para recortar en la pública, aunque ellos deberían ser seguidores de lo público, ya que recordemos que su sueldo es un sueldo público”. Sin embargo “maltratan siempre a la pública y como no atajemos ahora los conciertos educativos, que se renuevan en el 2022, en Cádiz hay dos centros que peligran mucho”. A este respecto, la presidenta de la Flampa añadía que “si tenemos conciertos con tres líneas en el caso del Amor de Dios y el San Felipe Neri es inviable; es como si tuviéramos el hospital San Rafael a reventar y un Puerta del Mar vacío. Eso es lo que está pasando con la educación pública”
La concejala de Enseñanza, Ana Fernández, fue una de las voces políticas que apoyaron la manifestación, acompañada por sus compañeros del equipo de gobierno Martín Vila y Rocío Sáez. Durante la concentración, Fernández denunciaba una vez más el “ataque sistemático” de la Junta de Andalucía a la escuela pública que “este curso se salda con el cierre de líneas en tres centros públicos, cierres que no podemos tolerar”.
Ana Fernández destacó el gran trabajo que hace la comunidad educativa en estos centros y la profesionalidad de la plantilla, “una plantilla que se echa a temblar en cada proceso de escolarización ante el temor de que la Junta de Andalucía acuerde el cierre de alguna línea con el perjuicio que ello conlleva”.
Fernández señalaba que “la Administración autonómica se escuda tan solo en una bajada de la natalidad sin plantear otras alternativa a la eliminación de líneas, como la reducción de ratios, la redistribución del alumnado o el cierre de alguna línea en los centros privados que son sostenidos con fondos públicos”.
La concejala de Enseñanza ha hecho un repaso sobre la gestión del PP y Ciudadanos al frente de la Junta de Andalucía en materia de educación que se ha saldado “con el cierre de la Institución, el cierre de líneas en la Inmaculada durante los dos procesos de matriculación, el cierre de líneas en el Carlos III, el cierre de líneas por el momento en el Gadir y el temor de los padres de la clausura del centro entero, el intento de quitar el centro de referencia del IES Drago para el colegio Reyes Católicos… todo un muestrario de que a la Junta de Andalucía no le importa la escuela pública”.
Desde el PSOE local, el concejal Francisco Javier Ramírez también acompañó a la Flampa en sus reivindicaciones en defensa de la educación pública. “Definitivamente Ciudadanos y el PP en la Junta se han quitado la careta; lo sabíamos desde hacía tiempo pero queda confirmado con este tipo de decisiones en las que se sigue favoreciendo a la escuela concertada y privada frente a la pérdida contínua de líneas en la pública”. Ramírez considera que “se está perdiendo lo público en favor de lo privado y es un problema conceptual, la gente sigue sin tener clara la idea de lo concertado. Es decir, lo público debería llenarse y después de eso, en caso de ser necesario, habría que plantear el uso de las plazas concertadas. Sin embargo la gente tiende a llenar lo concertado sin necesidad, provocando la caída de líneas públicas”.
Por su parte, la parlamentaria andaluza Teresa Rodríguez recordaba que “desde el año 2009 estamos perdiendo líneas en la pública, mientras sistemáticamente se blindan los conciertos educativos”. Para Rodríguez “esto es una asignatura pendiente del marco jurídico a nivel estatal” que debería solucionarse “a nivel legal”.
Además, ha destacado que el Gobierno andaluz “está planteando una reforma fiscal donde se premie la escolarización en la privada”. “Que el consejero Nieto haya dicho que es que familias que tienen dificultades a final de mes porque tienen que matricular a sus hijos en la escuela británica es un absoluto escándalo, y dice mucho de cuál va a ser la voluntad de este gobierno por primar a la concertada y a la privada”, ha añadido
La parlamentaria ha lamentado que haya ya “distritos donde la libertad de los padres para elegir un modelo educativo es dificultoso para elegir la pública, porque hay tantos colegios concertados que faltan plaza en la pública”.
Así, ha señalado que han presentado una Ley para reducir la ratio. “Aprovechemos la bajada de natalidad para bajar la ratio, no solo por una cuestión educativa, sino también por una cuestión sanitaria ahora”, ha defendido Rodríguez, que ha añadido que serviría “para mejorar la calidad educativa y solo se necesitarían para garantizar la sostenibilidad de la escuela pública como garante de igualdad 360 millones de euros, que es la rebaja fiscal que van a aplicarle ahora a las grandes fortunas en Andalucía”.
Denuncian ratios ilegales en el Cornelio Balbo
La Delegación de Educación de Cádiz ha eliminado tres unidades en el IES Cornelio Balbo. Aunqueel número de alumnos obliga legalmente a la existencia de cuatro grupos en cada curso de ESO, el Servicio de Planificación y Escolarización mantiene el recorte de tres unidades que llevó a cabo antes del comienzo del proceso de escolarización. Así, terminado este proceso de admisión, el número de alumnos en 1º, 2º y 4º de ESO supera la ratio máxima legal de 30 alumnos por curso. Desde CGT denuncian que “se estaría propiciando la existencia de ratios ilegales a la vez que se descartarían las 12 solicitudes de plaza que familias de alumnado no adscrito han presentado para matricular a sus hijos en el centro, dos prioritarias y diez subsidiarias”.
CGT exige una rectificación “inmediata” al Delegado Territorial de Educación y Deporte en Cádiz, Miguel Andréu Estaún y anima a la comunidad educativa de los centros públicos de Cádiz a denunciar cualquier incumplimiento de la legalidad por parte de las administraciones educativas.
