Un informe presentado ayer por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) refleja las condiciones y el trato que reciben los internos en tres de los ocho CIEs que existen en España (Málaga, Madrid y Valencia), tras visitarlos y realizar más de un centenar de entrevistas a los internos, cotejadas después con los funcionarios.
La investigación ha sido expuesta al Ministerio del Interior -de los que dependen los centros- y fruto de ello ha sido la apertura de diligencias por un presunto caso de maltrato en el centro de Aluche (Madrid), explicó el director del informe, el psiquiatra Pau Pérez-Sales.
Al parecer, añadió, no se trata de uno de los funcionarios que trabajan en el CIE de Aluche, sino de un miembro de la brigada encargada de trasladar a los internos al aeropuerto de Barajas.
El 40% de los internos entrevistados relatan un trato “negativo o muy negativo”, aunque no llega a ser una “práctica generalizada”, y un 4% apuntan incluso a torturas y malos tratos graves, denunció.
En este contexto, el psiquiatra recalcó que el 63% de quienes están en los CIEs no son delincuentes, sino personas que incurrieron en una falta administrativa por carecer de papeles en regla.
Según el secretario general de CEAR, Alfredo Abad, los centros de internamiento “repugnan” al Estado de Derecho y su situación exige tomar medidas; “están pensados como comisarías para una estancia corta”, pero en realidad la detención se eleva a veinte días de media y puede llegar –actual límite legal– a los cuarenta días.
