En el juicio que ayer se celebró en la AN, Zabalo admitió así haber participado en estos hechos, por los que el fiscal pide entre 215 y 223 años de prisión por delitos de pertenencia a organización terrorista, estragos, lesiones terroristas, robo de vehículo y falsedad en documento oficial.
Zabalo, que como los otros dos se ha negado a responder a las preguntas del Ministerio Fiscal y de la acusación popular, explicó que Barbarin no intervino en este atentado “ni en otros”, aunque reconoció que él y Berasategi decidieron colocar el coche-bomba en Salou “y listo”.
Berasategui alquiló en enero de 2000 un local en Urretxu (Guipúzcoa) y constituyó junto con Zabalo una empresa dedicada al lavado y limpieza de vehículos, aunque en realidad los locales se utilizaban para ocultar coches sustraídos.