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Lunes 25/11/2024
 

Provincia de Cádiz

Las mareas verde y blanca vuelven a la calle en defensa de la educación y sanidad públicas

Fuentes de la Junta esgrimen datos de inversión ante las movilizaciones y niegan la “situación apocalíptica” que dibujan los colectivos sociales

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Imágenes de las acciones reivindicativas de las mareas verde y blanca el miércoles y este sábado en Cádiz capital.

Antonio Vergara se muestra satisfecho del resultado de la acción reivindicativa en defensa de la sanidad pública de este miércoles, cuando el coordinador de la Marea Blanca Gaditana, acompañado de otros miembros del colectivo, ocuparon la sede del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz desde las 14.15 horas, después de que se atendiera la última cita de mamografía en el centro, hasta las 16.00 horas. Al día siguiente recibió una llamada para convocarlos a una reunión con la delegada del Gobierno andaluz en la provincia, Ana Mestre, y la delegada territorial de Salud y Familias, Isabel Paredes, el próximo 30 de septiembre.

Vergara pondrá sobre la mesa la necesidad de contratar a profesionales (4.000 para toda Andalucía, calcula el movimiento a nivel regional) para recuperar la Atención Primaria; la apertura por las tardes con profesionales contratados para ellos, de los hospitales públicos para tomar la iniciativa; y la ejecución de una auditoría social que valore las realidades de los conciertos con la sanidad privada. Al respecto, subraya que mejorar el servicio tendría un coste para la Administración de apenas unos 350 millones de euros. “El convenio con el Grupo Pascual cuadruplica esas cifras”, remarca.

El líder de Marea Blanca Gaditana también reclamará a Mestre y Paredes que trasladen la necesidad de abordar estas cuestiones al máximo nivel, entre la Coordinadora Andaluza y el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

“Está claro que el Gobierno autonómico ha desmantelado la sanidad pública -sostiene-. Hay casos en los que, tras varios días sin poder contactar por teléfono, te dan cita para seis semanas después solo para que te llame tu médico de familia; si logras llegar al especialista, te derivan automáticamente desde la gestoría de usuarios a una clínica privada”. Vergara señala que los seguros se han disparado. “¿Pero qué pasa si no puedes costearlo?”, pregunta. “Pues a la marginación sanitaria”, se responde. 

Solo 48 horas después tomó el relevo la Marea Verde. La presidenta de la Junta de Personal Docente No Universitario por Ustea, María Jesús de León, subrayó en vísperas de la concentración ante la Delegación Territorial de Educación, en la Plaza Mina, en la capital gaditana, que la principal preocupación es la situación de los interinos. Según denunció la Marea Verde en el turno de intervenciones de la concentración, la aprobación del proyecto de ley que tiene su origen en el Real Decreto-Ley 14/2021 de medidas contra la temporalidad, constituye una amenaza de pérdida de trabajo de 20.000 docentes andaluces.

Se ha dado la circunstancia que, además, ha trascendido la denuncia de una treintena de profesoras interinas embarazadas que han tenido que reincorporarse a sus puestos de trabajo sin revisiones médicas, rechazando informes médicos, y a través de un SMS. “Es una doble discriminación”, advierte De León, quien acusa a la Administración de ningunear a los colectivos, de privatizaciones y reforzar los privilegios a la enseñanza concertada. “En los centro públicos es preciso bajar los ratios en todos los niveles, contratar personal o proteger los derechos del alumnado de Educación Especial o con necesidades específicas de apoyo educativo”, entre otras demandas, agrega.

“Es un panorama apocalíptico que no se corresponde con la realidad”, respondió ayer oficialmente la Delegación Territorial de Educación. Por medio de un comunicado de seis páginas, aporta información para “desmontar” cada una de las acusaciones de Marea Verde. De esta manera, recuerda que en este curso se van a incorporar al sistema educativo más de 7.000 profesionales de forma extraordinaria y más de 1.500 docentes se consolidan en la estructura, además de que la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) gestiona en estos momentos alrededor de 1.800 obras, en distintas fases de ejecución o tramitación, con un presupuesto estimado cercano a los 900 millones.

La Delegación de Salud y Familias ha evitado pronunciarse públicamente, pero maneja, igualmente un informe en el que no falta detalle sobre las medidas adoptadas para reforzar el servicio público. En este sentido, se apunta, que solo en Cádiz, se han destinado 60.000 euros en obras de mejora para centros como La Laguna, La Merced, La Paz, Loreto-Puntales, El Olivillo, Puerta Tierra y Casa del Mar; se ha puesto en marcha el consultorio de Valdelagrana; se han invertido más de 360.000 euros en los consultorios de Conil y Medina;  se trabaja en obras de mejora en Madre de Dios y San Benito, en Jerez, en el nuevo centro de salud de La Bajadilla, en Algeciras, y se ha dotado del área de radiología y un nuevo centro de salud en Los Cortijillos, en Los Barrios. En cuanto a la contratación de personal, se ofertaron 4.306 plazas, un 22,41% más que el año pasado. Finalmente, desde este mes de septiembre, la Consejería lleva a cabo la nueva Estrategia de Atención Primaria, para definir e implementar medidas estructurales para agilizar la respuesta asistencial.

El Gobierno andaluz remarca, además, la disposición para mantener reuniones y abordar los asuntos de debate, pero las mareas no piensan dar marcha atrás. La educativa prepara un calendario de movilización; la sanitaria volverá a la calle el próximo 23 de octubre.

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