La Audiencia de Almería acoge este martes la vista oral contra un hombre que se enfrenta a penas que suman dos años y medio de prisión por "vejar, discriminar y excluir" a inmigrantes acogidos por la Cruz Roja tras su llegada a España.

El fiscal explica en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, que el acusado reside en un edificio de Roquetas de Mar (Almería) en el que Cruz Roja tiene cedidos a personas vulnerables de "diversas nacionalidades y razas", dentro de un programa de atención humanitaria.

Asegura que entre marzo de 2019 y mediados de junio del año siguiente se dirigió de "forma reiterada" y con la intención de "vejar, discriminar y excluir" a dichos inmigrantes de forma "agresiva" y en voz "alta", diciéndoles "moros de mierda, gentuza, basura", etc.

También habría dicho "negros asquerosos", "los niños de los payos ponis", "latinos hijos de puta", entre otros.

Mantiene el fiscal que el 5 de junio de 2020 el procesado dejó un mensaje de audio en el teléfono del Centro de Migraciones de la Cruz Roja en el que manifestaba que era "una vergüenza" que estuviesen confinados y tuviese a los "putos bastardos negros ahí, pegados a la puerta".

En otro audio, remitido junto a la foto de una usuaria de los pisos sociales, habría asegurado que tendría que "abrirles la cabeza" a estas personas, dado que la mujer se cortaba las uñas en la escalera y eso no era "normal".

La Fiscalía sostiene que también acudió en varias ocasiones a estos pisos, aporreando la puerta de forma "violenta", y que incluso el 17 de junio de 2020 salió de su domicilio con un martillo para golpear una de las puertas de estos domicilios mientras instaba a salir a un "negro de mierda".

En dicho caso, habría esgrimido también el martillo contra un monitor de Cruz Roja de origen magrebí, al que habría amenazado con partirle la cabeza con esta herramienta.

Dos días más tarde habría golpeado la cámara de seguridad de Cruz Roja instalada en este bloque de vecinos, en "reproche por ceder el uso de viviendas a inmigrantes".

Por estos presuntos hechos, el fiscal imputa al acusado un delito cometido con ocasión del ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas; un delito de amenazas y un delito leve de daños; de forma que pide un año y medio de cárcel y multa de 3.600 euros por el primero; otro año y medio de prisión por el segundo, y multa de 1.080 euros por el último.

Finalmente, el fiscal solicita que indemnice a Cruz Roja con 60,50 euros por los daños causados.