El juez que investiga una supuesta trama de fraude electoral ligada al voto por correo en Mojácar (Almería) ha elevado a once el número de investigados tras la detención practicada el pasado fin de semana de un nuevo sospechoso que, conforme a los indicios, "habría beneficiado al PP y no al PSOE" como supuestamente habrían hecho el resto de implicados, entre ellos, los miembros 2 y 5 de la lista de los socialistas en el municipio costero.

Según han informado fuentes del TSJA, el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera ha acordado este martes el alzamiento del secreto de sumario de las diligencias abiertas a raíz del presunto fraude en el voto por correo investigado en el municipio de Mojácar que estalló en la recta final de la campaña con siete detenciones, tres de ellas de hombres de origen latinoamericano, y tres personas investigadas.

Así, en la causa se encuentran investigadas un total de once personas, ya que a las diez primeras se ha unido otra más que también resultó detenida y que tras su puesta a disposición judicial se negó a declarar. La investigación abierta contra él se ha concretado en la apertura de una pieza separada dentro de las diligencias penales incoadas dado que "su presunta actuación habría beneficiado al PP y no al PSOE".

Si bien el juez lo decretó libertad provisional para el investigado por este caso, se ordenó también su ingreso en prisión en cumplimiento de una requisitoria dictada por un juzgado de lo Penal de Almería por hechos ajenos a esta investigación.

De los siete primeros detenidos, seis pasaron a disposición judicial el viernes antes de las elecciones locales y fueron puestos en libertad provisional como investigados después de que se negaran a declarar. El primero de ellos, el exconcejal del ya extinto PA Pedro Montoya declaró el jueves anterior ante el juez y también quedó en libertad provisional. Los tres investigados restantes aún están pendientes de ser citados por el órgano judicial.

Por otra parte, el titular del Juzgado de Vera 4 acordó en días anteriores la retirada de un determinado número de sobres de voto por correo con el fin de que la Policía pudiera llevar a cabo diligencias de investigación dentro de la causa. Los votos sí fueron depositados en las urnas y únicamente fueron recogidos los sobres vacíos.

La actuación se desarrolló durante la jornada electoral cuando la Guardia Civil intervino un total de 701 sobres de voto por correo en las siete mesas electorales instaladas en el municipio. Previamente, el candidato del PSOE a la Alcaldía, Manuel Zamora, había dirigido un escrito a la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Vera ese mismo domingo para pedir que se custodiaran los sobres de cara a su "análisis pericial y judicial".

Zamora incidía en su denuncia en el "extraordinario" número de votos por correo en estas elecciones locales en Mojácar, con diferencias "notables porcentuales" con las nacionales y autonómicas, lo que se unía a los "acontecimientos acaecidos", por lo que consideraba esta medida podía "constituir una aval para la determinación del esclarecimiento de estos hechos denunciados por la alcaldesa".

Cabe recordar que el candidato del PSOE también interpuso una denuncia el pasado 16 de mayo en relación a otro presunto fraude ligado a las votaciones, esta vez, en relación al PP no solo a través del voto por correo sino también por supuestos beneficios a través de cestas de comida para los usuarios de los Servicios Sociales, conforme al escrito presentado ante la Guardia Civil.

Al respecto, el titular del mismo juzgado, en el que ha recaído la denuncia al estar en funciones de guardia, ha acordado remitir al Decanato de los Juzgados de este partido judicial la denuncia presentada por el PSOE contra el PP. La denuncia será adjudicada a un Juzgado de Vera en los próximos días para que continúe la investigación al respecto.

Pese a la gran repercusión que ha tenido el caso, nada ha cambiado en la configuración de la corporación local de Mojácar con respecto a 2019, ya que el PP ha revalidado la mayoría absoluta aunque ha perdido casi medio punto de apoyo.

Asimismo, el arresto del número 2, Francisco Bartolomé Flores, y del número 5 de la candidatura, Cristóbal Vizcaíno, no ha repercutido en los socialistas, que incluso ven cómo se incrementa el apoyo en porcentaje de votos, pasando del 38,64% en 2019 a 40,44% este domingo.

En términos absolutos, los 'populares' han pasado de 1.692 votos a 1.596 y el PSOE apenas perdido siete votos, pasando de 1.145 en 2019 a 1.138 en esta jornada. Desde el partido socialista aún no se ha determinado si ambos concejales accederán a su acta.

UNA DENUNCIA DEL PP

La investigación se inició a raíz de la denuncia de la alcaldesa de Mojácar, Rosa María Cano, a la que posteriormente se sumaron otras de particulares. Así, en el marco de la misma el juez que autorizó la intervención del teléfono de, al menos, Cristóbal Vizcaíno, quien aparece señalado directamente con nombre y apellido en la denuncia germen de la operación.

La desarticulación de una supuesta trama para la compra de voto por correo entre residentes de origen latinoamericano en el municipio se saldaba con el arresto de siete personas, la imputación a otras tres, y la incautación de "abundante" documentación indiciaria en la decena de registros que se practicaron en domicilios y locales.

En las primeras horas, buena parte de las pesquisas se orientaron a esclarecer los contactos que durante estas semanas los principales sospechosos habían mantenido con vecinos del municipio, en ocasiones acompañados también militantes o simpatizantes socialistas, a fin de determinar si se condicionaba la emisión de votos por correo a cambio de beneficios.

Las actuaciones, que se han prolongado durante un mes y en las que se han practicado numerosas diligencias encaminadas a constatar si se esta produciendo o no fraude electoral en este municipio habría recabado "indicios claros" sobre la de captación previo pago económico o prebendas del voto por correo entre ciudadanos de origen latinoamericano.

Entre los investigados constan seis personas de nacionalidad española, mientras que también figuran ciudadanos nacidos en Paraguay, Colombia y Ecuador que habrían actuado como mediadores.

En los registros, los agentes se incautaron de votos por correo y también de listas censales en las que estaban marcados los nombres de determinados ciudadanos. Los implicados en la presunta trama habrían estado ofertando cifras que rondan los 100 euros, aunque en algunos casos esta se elevaría a 200 euros.