Las balsas de fosfoyesos ubicadas en las marismas de Huelva suponen un problema medioambiental de primer orden, consecuencia de la actividad industrial desarrollada en la zona desde los años 60, que se trata de revertir desde hace más de una década, cuando se puso fin al cese de los vertidos.
La regeneración, que corre a cargo de Fertiberia, empresa que depositó los residuos durante años de actividad, parece que está más cerca después de que su proyecto haya obtenido todas las autorizaciones necesarias. Sin embargo, no todos consideran que la mejor solución sea soterrarlos, de hecho los detractores apuntan que esto no supone más que perpetuar el problema.
LAS CLAVES
1.- El problema de las balsas de fosfoyesos tiene su origen en los años 60 del siglo XX, concretamente en 1967 y 1968 cuando el Gobierno otorgó a Fertiberia dos concesiones en dominio público marítimo-terrestre en el estero de la Anicoba, en la desembocadura del río Tinto, a escasos 500 metros de la ciudad de Huelva, para construir depósitos de decantación para verter yeso que han llegado a ocupar 1.200 hectáreas y a acumular 120 millones de toneladas de residuos tóxicos.
2.- Los fosfoyesos son residuos generados durante la fabricación del ácido fosfórico que contienen materiales radiactivos naturales que, como consecuencia del procesado, alcanzan concentraciones superiores a los niveles de exención de la Orden IET 1946/2013. Además de estos residuos en los apilamientos de Huelva, hay otros materiales sólidos singulares, en cantidades inferiores, pero con una concentración de actividad elevada como los fosfoyesos negros y las eflorescencias salinas formadas por la evaporación de las aguas ácidas.
3.- Fue en 2001 cuando la organización ecologista WWF comenzó a denunciar irregularidades e incumplimientos de la ley de Costas en relación con las concesiones a Fertiberia y a pedir que se pusiera fin a la concesión otorgada por el Gobierno a estas empresas alertando de riesgos ambientales y para la salud de la población.
4.- El 27 de noviembre de 2003 la Dirección General de Costas declaró la caducidad de la concesión otorgada a Fertiberia, S.A. El 27 de junio de 2007 la Audiencia Nacional dictó sentencia confirmando esta declaración de caducidad y el 31 de diciembre de 2010 se puso fin a las mismas y, como consecuencia, a la producción de ácido fosfórico en Huelva. Esta sentencia fue firme en febrero de 2011 tras desestimar el Tribunal Supremo el recurso de casación presentada por la compañía contra la misma.
5.- A partir de ese momento, era responsabilidad de la compañía elaborar y desarrollar un proyecto para restaurar la zona, algo para lo que la Audiencia Nacional exigió a Fertiberia el depósito de un aval de 65,9 millones de euros para asegurar la correcta ejecución de la regeneración medioambiental de la zona. Desde el principio, Fertiberia apostó, como ya lo hicieron a finales de 2010 el Gobierno y la Junta de Andalucía, por el soterramiento de las balsas, una opción a la que se han opuesto reiteradamente grupos ecologistas y colectivos ciudadanos que defienden su retirada como única opción posible. Desde entonces se han convocado varias concentraciones y manifestaciones ciudadanas.
6.- Al margen de este rechazo social, Fertiberia continuó adelante con su propósito y comenzó a dar forma a un proyecto para el que en septiembre de 2020 el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico emitió Declaración de Impacto Ambiental favorable tras dos años y medio de estudio y 1.348 alegaciones presentadas.
7.- Este apoyo, motivó que un mes después y tras cuatro años de perfeccionamiento, la empresa presentara 'Restore 20/30', un proyecto con una inversión de 65 millones de euros y un plazo de ejecución de 10 años y otros 30 años de seguimiento y control que se llevará a cabo en 720 hectáreas. Consiste en el encapsulamiento total de los fosfoyesos para evitar cualquier contacto con el exterior y la restauración y revegetación de los terrenos para integrarlos en las marisma, una vez drenada el agua interna y el agua infiltrada por las lluvias.
8.- En mayo de 2022 el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) informó favorablemente de la fase de clausura del proyecto condicionado al desarrollo de un plan de acondicionamiento, gestión y vigilancia de materiales con especial significación radiológica y la adopción de medidas de vigilancia radiológica ambiental previas para disponer de valores de referencia para determinar posibles aumentos de la presencia de radionucleidos por efecto de las actividades que se realicen, entre otras cuestiones.
9.- La búsqueda de la mejor solución llevó también a la creación de un Comité de Expertos, un equipo multidisciplinar independiente compuesto por 23 personas, cuyo último informe presentado el año pasado consideraba "necesaria la intervención" y aconsejaba realizar la propuesta por Fertiberia, al ser la única sobre la mesa para "contener el problema", pero teniendo en cuenta aspectos a largo plazo como la evolución hidrogeológica de la balsa, los efectos del cambio climático con la subida del nivel del mar o la actividad sísmica.
10.- El paso final para el desarrollo del proyecto se conoció este mismo lunes con la obtención de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) definitiva por parte de la Junta de Andalucía, lo que llevará a Fertiberia a solicitar de manera inmediata la licencia de obras al Ayuntamiento de Huelva para iniciar en el plazo más breve posible su ejecución.
Detractores del proyecto, como la Mesa de la Ría, ya han anunciado que recurrirán y si es necesario acudirán a los tribunales, por lo que el inicio del proyecto podría prolongarse todavía en lo que se vislumbra como un capítulo más de este problema en busca de solución.
