Críticas de administraciones del PP al Gobierno por no avisar de traslados de migrantes

El traslado a la península de centenares de migrantes llegados en las últimas semanas a las costas canarias ha suscitado malestar en ayuntamientos y comunidades gobernadas por el PP, que acusan al Gobierno de falta de coordinación y de no informarles con suficiente antelación de las derivaciones.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, responsables de los traslados, destacan que se está siguiendo el "procedimiento habitual" de derivar a los migrantes según su vulnerabilidad a las plazas disponibles en todo el sistema.

Según apuntan, cuando se abren nuevos centros con alta capacidad se avisa a las administraciones afectadas por "lealtad institucional", aunque la competencia, insisten, es del Ministerio, encargado también de la financiación de todo el proceso.

La portavoz del Gobierno extremeño, Victoria Bazaga, ha precisado este martes que se enteraron ayer por la tarde de la llegada de 40 migrantes a Cáceres y 140 a Malpartida de Cáceres, procedentes de Canarias, y ha pedido al Gobierno "coordinación".

El ayuntamiento de esta última localidad ha asegurado que no ha recibido aviso y ha emitido un comunicado para mostrar su malestar por la "desinformacón y la descoordinación". Están preocupados, subrayan, ante la "desproporcionalidad" de acoger a 140 inmigrantes en un pueblo de 4.100 habitantes que no cuenta con medios ni recursos para atenderles.

También ha levantado la voz la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ante el traslado de más de 300 migrantes de origen subsahariano llegados a Canarias a un hotel de la barriada almeriense de El Toyo.

Vázquez ha asegurado que Almería tierra solidaria, pero ha indicado que "el ayuntamiento receptor no puede enterarse de dicho operativo dos horas antes de que sea efectivo". A su juicio, es una "deslealtad institucional" no haber contado con el consistorio en la organización y la toma de decisiones.

Cruz Roja ha desplegado un dispositivo de atención en el hotel elegido para alojar a los migrantes, traslados desde Canarias a Madrid en avión y después conducidos hasta Almería, según han indicado a Efe fuentes de la Policía Nacional, cuerpo encargados de escoltar el traslado.

En su perfil en la red social X (antes Twitter) el diputado del PP por Almería Rafael Hernando ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "colaborar" con las mafias "convirtiéndose en el último eslabón de la cadena": "avión y hotel de lujo en la UE. Y con tus impuestos".

Además de los llegados a Almería, se espera que en los próximos días se traslade a Málaga a más de 200 migrantes desde Canarias.

En rueda de prensa en Sevilla, el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, ha asegurado que la comunidad es "sensible" a la realidad de la inmigración y por ello la Junta va a colaborar en "mitigar" este drama humanitario, pero ha pedido al Gobierno que las actuaciones no se adopten de manera "unilateral".

En la misma línea, en rueda de prensa tras el comité de dirección del PP, el vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del partido, Borja Sémper, ha tachado de "poco ético" y "poco responsable" el comportamiento del Gobierno:

"No sabemos el Gobierno qué quiere hacer. No tenemos información, pero es que no las tienen las comunidades autónomas", ha señalado después de que ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticara que se trate a los migrantes "como fardos": "los envían, los van dejando por la península y el Gobierno no se hace cargo de nada".

Desde el Ministerio que dirige José Luis Escrivá rechazan de plano esas acusciones y recuerdan que son ellos los que se encargan con sus recursos de trasladar, alojar y asistir a estos migrantes.

Precisan además que en mucho casos son estancias puntuales, muy cortas, mientras se decide cuál es el destino final de estas personas en función de sus necesidades y vulnerabilidades.

El objetivo de los traslados es descongestionar los recursos de primera acogida disponibles en Canarias, donde la llegada de pateras está marcando cifras sin precedentes desde la crisis de los cayucos de 2006.