Investigan una denuncia contra 4 exconsejeros por préstamos impagados de IDEA

El Juzgado de Instrucción 20 de Sevilla ha abierto una investigación a cuatro exconsejeros de la Junta y otras dieciséis personas después de que la Agencia IDEA detectara 48 operaciones de préstamo impagadas de 36 empresas, sin que consten actuaciones de reclamación de las deudas.

En el auto, al que ha tenido acceso EFE este jueves, la juez Adelaida Maroto da traslado del contenido de la resolución judicial a un total de veinte personas y la pone en conocimiento de la Fiscalía Especial Anticorrupción y demás partes personadas.

Entre las personas a la que se da traslado de estas actuaciones se encuentran los exconsejeros de anteriores gobiernos del PSOE en la Junta Francisco Vallejo, Martín Soler, Antonio Ávila y José Sánchez Maldonado, además de distintos exdirectivos de IDEA.

El procedimiento se inició en octubre del 2022 a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía, dado que la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) había detectado 48 operaciones de préstamo impagadas correspondientes a 36 empresas, en las que no hay actuaciones de los responsables de la agencia para reclamar de manera real la deuda.

En concreto, se detallan operaciones que suman más de 17 millones de euros desde la década de los años 90 en relación con un total de 36 entidades, entre ellas la Confederación de Empresarios de Andalucía, la Compañía Andaluza de Minas e incluso fundaciones vinculadas a las universidades de Almería, Málaga o Granada.

Tras la investigación policial de los hechos, se dictó auto -aun no firme- para declarar la prescripción de los presuntos delitos que se pudieron cometer en relación a diez de ellas y sigue pendiente la investigación policial de los restantes.

La Fiscalía considera que los hechos puede constituir un delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, por lo que presentó denuncia contra una serie de personas en atención a los cargos que han desempeñado en la agencia Idea.

La juez recuerda que la ley establece que toda persona a la que se le atribuya un hecho punible podrá ejercitar el derecho de defensa e intervenir en las actuaciones, por lo que deben ser "instruidos" de sus derechos, de ahí que acuerde dar traslado a la veintena de personas denunciadas, indica el auto.