La Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA) pone en cuestión el estado económico financiero del Ayuntamiento de El Ejido (Almería) en el ejercicio de 2019, según las conclusiones de un informe de fiscalización presentado este jueves.

En este informe de fiscalización, tras evaluar las incidencias e incumplimientos observados, se manifiesta una opinión desfavorable debido “al efecto muy significativo que éstas han tenido”, según traslada la CCA en un resumen de este documento.

Por ello, se concluye que el control interno realizado sobre las actuaciones del ejercicio 2019 en el municipio de El Ejido “no se ha ajustado, en todos los aspectos significativos, al marco normativo establecido”.

“No se remite a través de la PTCU información relativa a la estructura del órgano de control, configuración y ejercicio del control interno. No se ha diseñado un sistema de supervisión continua. Se sustituye la fiscalización previa sobre derechos e ingresos de la Tesorería por la toma de razón en contabilidad y el control posterior sin que el pleno lo haya acordado”, señala el CCA entre los incumplimientos.

A estos añade que en la intervención de la liquidación y el pago de las muestras de gastos de los capítulos 1, 2 y 9, “no se deja constancia de la conformidad de los gastos en los extremos verificados a los que se extiende la función interventora”, ni se acredita que se cumplen todos los requisitos necesarios para el reconocimiento de las obligaciones.

En relación con los pagos de la muestra de los capítulos 2 y 9,” no se comprueba la adecuación al Plan de Disposición de Fondos”. Además, en los gastos del capítulo 9 se ha constatado que se ordenan los pagos con “posterioridad a su materialización por lo que no están debidamente conformados con anterioridad por el alcalde, el tesorero y el interventor”.

Asegura que tampoco se remite información relativa a acuerdos y resoluciones adoptados en contra de reparos suspensivos formulados por el órgano de control, o en su caso, la certificación negativa de que se hayan producido. Tampoco se envía información sobre expedientes de acuerdos y resoluciones adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa.

A esto añade que el órgano de intervención no ha elaborado en 2020 el Plan Anual de Control Financiero (PACF) del ejercicio, que debería incluir hechos económicos financieros acaecidos en el ejercicio 2019.

Según el CCA, tampoco se realiza en este ejercicio una auditoría de sistemas de los registros contables de facturas; ni se lleva a cabo el control financiero de beneficiarios y en su caso, entidades colaboradoras por razón de las subvencione, o el control financiero posterior de gestión de derechos e ingresos, así como tampoco el de las obligaciones y gastos sometidos a fiscalización previa limitada.

Tampoco se cuenta con un informe anual de cumplimiento de la normativa de morosidad, ni con la verificación del cumplimiento de obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los que no se ha producido su imputación presupuestaria, entre otros.

Por ello, el CCA recomienda adoptar medidas para planificar y gestionar adecuadamente los plazos legales de remisión de información de control interno; como un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes; o la fiscalización de la gestión de derechos e ingresos, o la sustitución de esta fiscalización por el control financiero posterior de la gestión de derechos e ingresos.