La Audiencia de Almería acogerá este lunes la vista oral contra dos argelinos que se enfrentan a penas de siete años de cárcel, acusados de patronear una patera en la que viajaban catorce migrantes, que quedó a la deriva y tuvo que ser rescatada por Salvamento Marítimo.

La calificación del fiscal sostiene que los acusados, S.H. y R.B., se concertaron de forma previa al pasado 25 de mayo para organizar junto a "otros sujetos no identificados" el transporte clandestino de varias personas a cambio de unos 6.500 o 7.000 euros por ocupante.

El Ministerio Público sostiene que tras permanecer varios días ocultos en Orán (Argelia) trasladaron a los migrantes a la playa cercana a Mostaganen (Argelia), donde en la madrugada de ese día subieron a una embarcación de 5,3 metros de eslora, con un motor de 115 CV.

A bordo de la patera iban catorce personas de origen marroquí, así como los acusados S.H., que supuestamente manejó la embarcación durante todo el trayecto, y R.B., quien habría realizado labores de auxilio con el GPS y el repostaje.

El fiscal subraya que esta embarcación "no reunía las condiciones para dicho transporte", tanto por sus características técnicas como por el número de ocupantes, además de por el deterioro en sí que presentaba, toda vez que tenía que cruzar un recorrido que superaba las 85 millas náuticas y duraba varias horas.

Además, insiste en que no estaba dotada de elementos de salvamento y que los acusados no poseen ninguna titulación que les permita manejar una embarcación, así como que portaban junto a los migrantes varias garrafas de combustible que podrían haber explotado o provocado un incendio.

Por otro lado, el fiscal precisa que tras varias horas de recorrido el motor comenzó a fallar y entró agua en la patera, de forma que S.H. habría requerido a los ocupantes que achicaran el agua y tiraran dos bidones, si bien finalmente se quedaron a la deriva hasta que fueron rescatados 'in extremis' por la Salvamar Spica de Salvamanto Marítimo a unos 3,71 kilómetros de San José (Níjar, Almería).

El fiscal acusa a ambos procesados por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por el que interesa penas individuales de siete años de prisión.