El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una pena de 16 años de prisión a un hombre que agredió sexualmente a la hija de 14 años de su pareja sentimental, al que accedía aprovechando el régimen de visitas de la menor quien vivía con su padre, y a la que presionaba para que le enviara fotografías y vídeos por WhatsApp de contenido sexual bajo la amenaza de que, de lo contrario, le haría daño a ella o a sus padres.
El alto tribunal andaluz desestima el recurso de apelación impulsado por la defensa y confirma una pena de 15 años de cárcel por un delito de agresión sexual continuado a menores y a un año más por otro de incitación a facilitar material sexual, toda vez que también le impone el pago de una indemnización de 150.000 euros por daños morales y penas accesorias que le impiden acercarse y comunicarse con la víctima durante 19 años, entre otras medidas.
La Sala de Apelación ha estimado la declaración "estable, coherente y sin contradicciones relevantes" mostrada por la víctima durante su declaración "al contrario que el acusado, el cual ha ofrecido una versión zizgagueante en sus diferentes comparecencias", en las que pasó de "negarlo todo" a reconocer que había tenido relaciones sexuales completas con la hija de "temprana edad" de su pareja, aunque alegando que las mismas fueron "consentidas".
El relato ofrecido por la víctima desde el principio, cuando contó a sus padres lo sucedido, fue además afianzado durante el juicio y se mostró "convincente y veraz", toda vez que las psicólogas que exploraron a la víctima concluyeron que su versión era "creíble".
La sentencia da por probado que fue en 2017, cuando la víctima contaba con 11 años, cuando el acusado "consciente de la minoría de edad" de la misma empezó a "realizarle tocamientos en sus partes íntimas, los pechos o las nalgas" cuando la niña acudía a cumplir el régimen de visitas con su madre.
Estos comportamientos se repitieron durante algunos meses y, si bien cesaron en un momento determinado, volvieron a producirse entre 2020 y mayo de 2021, cuando se presentó la denuncia por estos hechos.
Así, las agresiones sexuales por parte del violador fueron cada vez a más, obligado a la menor a realizar prácticas sexuales contra su voluntad, con amenazas e incluso empleando una violencia específica para inmovilizar a la menor y doblegar su oposición.
En este sentido, usaba "tanto la fuerza como la intimidación a la hora de cometer los hechos relatados, llegando a atemorizar a la menor diciéndole que como contara algo la mataría a ella y a sus padres".
