Un jurado popular ha declarado culpable de un delito de homicidio al matar a puñaladas a otro varón en Roquetas de Mar, aunque ha señalado en su veredicto que lo hizo en “legítima defensa”.

Aunque el veredicto de esta vista oral, que arrancó el pasado lunes con el magistrado Luis Durbán como presidente del tribunal del jurado, se ha dictado por unanimidad en casi todos sus puntos, ha sido precisamente esta atenuante la única probada por mayoría simple de 5 votos, con 4 en contra.

El jurado ha considerado acreditado que sobre las 22:00 horas del 26 de febrero de 2022, el acusado clavó un cuchillo a a la víctima, “una vez en la boca y tres veces en el tórax, teniendo como resultado la muerte del mismo”, por un shock hipovolémico a las 22:30 horas.

En este sentido, ha destacado que el investigado reconoció en sala haber tenido dos enfrentamientos, uno primero en el que “la victima agrede al acusado con una losa”, y un segundo en el que habría sacado el cuchillo para defenderse de una posible agresión del fallecido, que lo intimidaba con una botella de vidrio rota.

El jurado ha señalado que “realizó los hechos al temer por su vida” y que en el lugar de los hechos se encontraron restos de una botella rota, además de apoyarse para esto en la declaración de dos agentes de la Guardia Civil y de una testigo, que relató cómo la víctima rompió una botella de vidrio en un momento dado de la discusión.

Asimismo, han precisado que tras la agresión “el acusado se dirigió inmediatamente al cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar y contó a los agentes lo sucedido”, tal y cómo corroboraron en la sala los guardias que lo atendieron a las 22:25 horas de dicho día.

Antes de este veredicto, el fiscal Manuel Hermoso modificó sus conclusiones iniciales y expuso un relato prácticamente idéntico al finalmente probado en el veredicto del jurado, tras cuya lectura solicitó que al acusado le fuese impuesta una pena de ocho años y medio de cárcel (inicialmente pedía 13 años y medio de prisión).

Además, en este escrito, al que se han adherido también la acusación particular y el abogado del acusado, Antonio Ruiz, se incluyen como atenuantes al delito de homicidio la de legítima defensa y la de confesión.

También se reclama que una vez cumpla cinco años y medio de prisión, la pena sea sustituida por la expulsión del territorio nacional, con prohibición de volver a España durante diez años, y que indemnice con 60.000 euros a la madre del fallecido y con 40.000 al hermano de éste, por los daños morales ocasionados.