La familia del anciano de 90 años que murió por una intoxicación de benzodiazepinas y metadona, fármacos suministrados presuntamente por M.C.L.F., una mujer que se encuentra en prisión preventiva por drogar a seis mayores para robarles, considera que la investigada cometió un homicidio doloso.

Así lo ha indicado a EFE el abogado Juan Marfil, que representa a los familiares del fallecido, después de que el Juzgado de Instrucción 5 de Almería haya ofrecido acciones este lunes a los allegados de las víctimas, además de llevar a cabo una rueda de reconocimiento para que víctimas que sobrevivieron identificasen a la mujer detenida.

El letrado Juan Marfil ha confirmado que ya se ha personado en la causa como acusación particular para demostrar que M.C.L.F. suministró estos medicamentos que afectan al sistema nervioso central para dejar inconsciente al anciano fallecido.

“Se ha dado la paradoja de que la ingesta no fue solamente suministrada al fallecido, sino que se ha demostrado que la suministró a más personas. Ella no es ningún técnico ni tiene una profesión sanitaria. Aquí se trata de ver si es una muerte por imprudencia o dolosa, y yo entiendo que fue totalmente dolosa”, asegura.

“Al no tener ningún tipo de especialidad o conocimiento a nivel científico, la combinación de esos medicamentos fue lo que hizo que este hombre, que estaba en perfectas condiciones, y lo vamos a demostrar porque hay médicos que lo estaban llevando, estuviese 21 días en el Hospital Torrecárdenas y falleciese. Con esa edad, esas dosis son mortales de necesidad, letales”, ha aseverado.

En esta línea, insiste en que la detenida pudo hacer lo que quiso al no tener oposición posible por parte de la víctima, y resalta que de forma previa ya cuenta con 36 antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, es decir, hurtos, robos o apropiación indebida.

“Esta señora ha estado trabajando en una entidad de asistencia domiciliaria. Con esos antecedentes mandan a una persona a asistir a ancianos. Es como darle un trampolín para que siga cometiendo esos hechos, me parece gravísimo, tiene que haber una reglamentación, con total prontitud, para que estas personas, al menos, acrediten que no tienen antecedentes”, ha afirmado.

No obstante, ha reconocido que una de las líneas a investigar es si logró el uniforme que usaba para hacerse pasar por asistente de dicha empresa, o si pudo obtener datos de la misma para elegir a sus víctimas, ya que “a algunas de ellas no las conocía con antelación, pero hay otras a las que sí. Es decir, manejaba documentación”.

Sobre cómo pudo obtener las drogas, ha dicho que también tendrá que investigarse la forma en la que consiguió más de 200 pastillas que, en su mayoría, precisan de receta médica, toda vez que en su poder se encontraron hasta 37 anillos y 27 pendientes. “Creo que esta actividad la ha desarrollado durante mucho tiempo”, ha opinado el letrado.

El hijo del fallecido, ha afirmado este lunes a los medios de documentación que su padre era una persona “que estaba bien de salud” y que no precisaba de una ayuda especial porque “hacía todas las gestiones de su vida, de su casa, de sus documentos”.

“Mi padre tenía una vida normal hasta que le pasó esto. Sobre todo, estaba bien de salud”, ha precisado.

Por su parte, el abogado de la acusada, Francisco Ferre, ha dicho a los medios que el reconocimiento efectuado por parte de las víctimas “no vale”, y ha insistido en que sólo quedaría el del fallecido, al que “en un hospital le ponen una foto y parece ser que no tenía dudas”.

En su opinión, se está “más cerca” de hurtos que de robos con violencia, a la vez que considera que “con lo que ha pasado esta mañana tendrían que decretar su libertad provisional de oficio”.