El Ayuntamiento de Carboneras celebra este viernes un pleno en el que se debatirá una moción de censura para expulsar a Felipe Cayuela (PP) como alcalde de la localidad, lo que podría cambiar la estrategia municipal para cumplir las sentencias relativas al hotel construido por Azata del Sol en El Algarrobico.
La moción previsiblemente prosperará ya que los seis ediles socialistas, el concejal de Cs y el no adscrito superan a los seis concejales con los que cuenta el Partido Popular en el pleno municipal, lo que supondrá que Salvador Hernández (Cs) se convierta en el nuevo regidor de Carbonas.
Tras las últimas elecciones municipales, Cayuela fue investido alcalde precisamente gracias al apoyo de Hernández, al que meses más tarde arrebató las competencias que le había otorgado como socio en el equipo de Gobierno. Hernández, además, ya fue alcalde de Carboneras previamente bajo las siglas del Grupo Independiente por Carboneras (GICAR).
El socialista José Luis Amérigo, que fue regidor hasta la celebración de los últimos comicios, será nombrado primer teniente de alcalde y el no adscrito Andrés Belmonte, que anteriormente pertenecía al PSOE, segundo teniente de alcalde. En agosto de 2024, Hernández deberá ceder el cargo a Amérigo, según el acuerdo alcanzado entre los promotores de la moción.
En el escrito de moción dado a conocer a la militancia se refleja que "el nepotismo del alcalde genera únicamente beneficio a sus familiares, socios y amigos, lo que deriva en la deficiente gestión de los servicios municipales y genera un perjuicio creciente en los intereses de la casi totalidad de los vecinos de Carboneras".
Además, según estos ediles, una pésima gestión económica y financiera y el despilfarro de recursos "están llevando a una quiebra técnica y económica agravada con la no aprobación de las cuentas anuales y los presupuestos".
El fantasma de El Algarrobico
El pleno se celebra el mismo mes en el que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado la razón a la Junta de Andalucía al anular el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Carboneras que declaró no urbanizables los terrenos del paraje de El Algarrobico.
Un acuerdo que fue adoptado el pasado 26 de abril, cuando aún era alcalde el socialista José Luis Amérigo y que incluía la clasificación como suelo no urbanizable especialmente protegido de El Algarrobico (sector ST-1) y de El Canillar (sector ST-2) era vigente desde 1994, en cumplimiento de una sentencia firme del Tribunal Supremo.
El problema de fondo en este caso fue que el acuerdo aprobado justificaba esta acción debido a los “efectos sobrevenidos” de las diferentes sentencias dictadas a lo largo de los años en relación a este hotel, mientras que la Junta defendía que no eran urbanizables desde 1994, año en el que se aprobó el plan de ordenación de los recursos naturales (PORN) del parque natural Cabo de Gata-Níjar.
El actual regidor, Felipe Cayuela (PP), alineado con las tesis de la Junta, intentó modificar en pleno la resolución aludida para ajustarlo a lo que reclamaba el Gobierno andaluz, pero no fue posible al no contar con la mayoría suficiente para ello.
Aquellos contrarios a modificar el acuerdo exponían que reconocer esto significa abrir la puerta al pago a posibles indemnizaciones a Azata del Sol, en el caso de que se determinase que por esta causa existe algún tipo de responsabilidad patrimonial por parte de la administración local.
El TSJA zanja el asunto
En un auto, consultado por EFE, el Alto Tribunal andaluz recuerda que el Gobierno andaluz solicitó la anulación de este acuerdo, y que obligase al consistorio a reflejar "en sus documentos y decisiones" que la clasificación como suelo no urbanizable especialmente protegido de El Algarrobico (sector ST-1) y de El Canillar (sector ST-2) era vigente desde 1994.
“Se ha de admitir que lleva razón la Junta de Andalucía cuando afirma que 'Concurre una extralimitación en el cumplimiento del fallo' por parte del Ayuntamiento de Carboneras (...) Resulta que para su debida ejecución no tiene por qué proceder a 'Aprobar definitivamente la modificación del instrumento de planeamiento general de PGOU de Carboneras' con el sentido y alcance que lo hace", apunta el auto el TSJA.
A todo esto, ha de sumarse que aún no se ha llevado a cabo por parte de la administración local la revisión de oficio de la licencia de obras concedida en su día al hotel, algo que también debe efectuarse por orden judicial.
