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Miércoles 27/11/2024
 

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Salvador Hernández reclama un “gran acuerdo” para dar fin a El Algarrobico

“La situación de El Algarrobico, como bien sabemos todos, es una situación muy complicada que no es de ahora, es desde hace ya más de dos décadas”

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  • Salvador Hernández. -

El nuevo alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández (Cs), ha defendido este viernes que Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Gobierno de España, junto a Azata del Sol, deberían “llegar a un gran acuerdo y que por fin el hotel de El Algarrobico desaparezca de las portadas de los periódicos y de ser noticia a nivel nacional”.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios tras el pleno en el que ha prosperado la moción de censura que ha arrebatado la Alcaldía al popular Felipe Cayuela, y gracias a la cual presidirá la corporación municipal hasta agosto de 2025, momento en el que cederá el cargo de alcalde al socialista José Luis Amérigo.

“La situación de El Algarrobico, como bien sabemos todos, es una situación muy complicada que no es de ahora, es desde hace ya más de dos décadas”, ha manifestado para añadir acto seguido que va a “defender siempre los intereses municipales, los intereses del pueblo de Carboneras”.

Al ser interpelado sobre si seguirá los pasos del equipo de gobierno de Cayuela y por la postura del Gobierno andaluz, ha aseverado que tanto la Junta como el Ayuntamiento están preocupados por este asunto.

“Lo que intentamos desde todas las administraciones, o lo que considero que deberíamos intentar, es solucionar la problemática de la mejor manera posible”; tras un “camino muy escabrosos” judicial a lo largo de los años, por lo que considera que la solución sería este “gran acuerdo” entre todas las partes implicadas.

El pleno se ha celebrado el mismo mes en el que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado la razón a la Junta de Andalucía al anular el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Carboneras que declaró no urbanizables los terrenos del paraje de El Algarrobico.

Un acuerdo que fue adoptado el pasado 26 de abril, cuando aún era alcalde el socialista José Luis Amérigo y que incluía la clasificación como suelo no urbanizable especialmente protegido de El Algarrobico (sector ST-1) y de El Canillar (sector ST-2) era vigente desde 1994, en cumplimiento de una sentencia firme del Tribunal Supremo.

El problema de fondo en este caso fue que el acuerdo aprobado justificaba esta acción debido a los “efectos sobrevenidos” de las diferentes sentencias dictadas a lo largo de los años en relación a este hotel, mientras que la Junta defendía que no eran urbanizables desde 1994, año en el que se aprobó el plan de ordenación de los recursos naturales (PORN) del parque natural Cabo de Gata-Níjar.

Cayuela, alineado con las tesis de la Junta, intentó modificar en pleno la resolución aludida para ajustarlo a lo que reclamaba el Gobierno andaluz, pero no fue posible al no contar con la mayoría suficiente para ello.

Aquellos contrarios a modificar el acuerdo exponían que reconocer esto significa abrir la puerta al pago a posibles indemnizaciones a Azata del Sol, en el caso de que se determinase que por esta causa existe algún tipo de responsabilidad patrimonial por parte de la administración local.

En un auto, consultado por EFE, el Alto Tribunal andaluz recuerda que el Gobierno andaluz solicitó la anulación de este acuerdo, y que obligase al consistorio a reflejar "en sus documentos y decisiones" que la clasificación como suelo no urbanizable especialmente protegido de El Algarrobico (sector ST-1) y de El Canillar (sector ST-2) era vigente desde 1994.

“Se ha de admitir que lleva razón la Junta de Andalucía cuando afirma que 'Concurre una extralimitación en el cumplimiento del fallo' por parte del Ayuntamiento de Carboneras (...) Resulta que para su debida ejecución no tiene por qué proceder a 'Aprobar definitivamente la modificación del instrumento de planeamiento general de PGOU de Carboneras' con el sentido y alcance que lo hace", apunta el auto el TSJA.

A todo esto, se suma que la administración local aun no ha revisado de oficio de la licencia de obras concedida en su día al hotel, algo que también debe efectuarse por orden judicial. 

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