El Juzgado de lo Penal número 3 de Almería ha condenado a quince procesados que participaron en una trama de facturas falsas a favor de uno de los acusados, que las utilizó para defraudar a la Agencia Tributaria en el pago del Impuesto de Sociedades.

La sentencia, dictada por conformidad y consultada por EFE, señala que el principal acusado es un empresario de Pulpí (Almería) responsable de una sociedad dedicada a la importación de productos de regalo promocional, publicitario y de empresa procedentes de países de extremo oriente, principalmente China.

Dicho procesado presentó el 5 de julio de 2006 la declaración del Impuesto de Sociedades del ejercicio de 2005, en la que consignó un total de ventas a 1.461 clientes por valor de 20.801.943,32 euros, y compras a 113 proveedores por valor de 10.604.779,05 euros.

“A sabiendas de la falsedad de las facturas, así como los gastos que en las mismas se reflejaban”, dedujo para eludir el pago de este Impuesto de Sociedades 958.976,33 euros en gastos de materias auxiliares de embalajes, y 346.644,93 euros por gastos de servicios de transporte.

El resto de acusados son los responsables de distintas empresas que confeccionaron las facturas falsas que utilizó el anterior procesado, con conocimiento de que éste las iba a utilizar para defraudar a la Hacienda Pública mediante la deducción de gastos en su declaración del Impuesto de Sociedades.

Antes de que se celebrase la vista, el principal acusado consignó judicialmente la cantidad de 758.280,58 euros a cuenta de la responsabilidad civil que se le exigía, lo que ha servido para que se tenga en cuenta la atenuante de reparación del daño, a la que se suma la de dilaciones indebidas por la paralización sin razón de la causa en distintos periodos de tiempo desde que fue incoada en 2011, y por los retrasos desde que se dictó el auto de apertura de juicio oral.

Ello ha propiciado que la Fiscalía cerrase un acuerdo con los abogados de los acusados, como es el caso de los letrados Antonio Ruiz y su compañero de despacho, Ignacio Spinola, por el que el Ministerio Público rebajó su petición inicial de penas y que se acuerde la suspensión de la pena de prisión.

Así, ha resultado absuelta una socia del principal acusado, ya que la Fiscalía y la Abogacía del Estado retiraron la acusación contra ella, mientras que éste ha sido condenado a seis meses de prisión y al pago de una multa del 65 % de la cantidad defraudada por un delito contra la Hacienda Pública, frente a los cuatro años y medio de cárcel y la multa de 1,3 millones de euros que solicitaba inicialmente el fiscal.

La misma pena le ha sido impuesta a otros dos procesados como cooperadores necesarios de dicho delito contra la Hacienda Pública.

El resto de procesados han sido condenados a tres meses de prisión y multa de 540 euros por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, frente a los tres años de cárcel y la multa de 913.953 euros que reclamaba antes del acuerdo la Fiscalía.