“España es el problema, Europa la solución”. José Ortega y Gasset.
El sentimiento europeo nunca ha sido en España un valor exhibido con orgullo, es más, casi es inexistente salvo cuando viajamos y en las distintas fronteras europeas nos sentimos superiores por pasar a través de los controles que exhiben la bandera de las doce estrellas y nos basta el DNI. La época franquista nos encerró en nuestro país política, social, cultural y económicamente, aunque con 220.000 compatriotas exiliados viviendo en países europeos. El fin de la segunda guerra mundial provocó la necesidad de unión, de este modo Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia, Alemania e Italia en 1951 constituyeron la CECA -Comunidad Europea del Carbón y del Acero- y, en 1957, mediante la firma del Tratado de Roma, la CEE -Comunidad Económica Europea- con el objetivo de crear una comunidad económica basada en la libre circulación de mercancías, servicios y trabajadores. En esa misma fecha nace también la Comunidad Europea de la Energía Atómica –EURATOM-. Para estos países España no podía tener cabida, era el último reducto del fascismo europeo y tras la derrota de los totalitarismos de derecha el europeísmo estaba íntimamente ligado a los sistemas democráticos y a la defensa de los derechos fundamentales. Por su parte, Franco tampoco era partidario de someterse a nada ni a nadie, España era “una, grande y libre”. Las últimas ejecuciones del franquismo realizadas el 27 de septiembre de 1975 produjeron la condena internacional y la retirada de los embajadores de los países de la CEE.
“Españoles, Franco ha muerto”, nos dijo Arias Navarro, en blanco y negro, el 20 de noviembre de 1975 y España, así, se encaminaba hacia la democracia, requisito indispensable para ser miembro de la CEE. Una vez aprobada la Constitución y celebradas las primeras elecciones, se inició el camino hacia la CEE que culminó con el Tratado de Adhesión en Madrid, firmado el 12 de junio de 1985 y nuestra efectiva integración desde el 1 de enero de 1986. En ese momento, doce países conformaban la CEE, los mismos doce que en 1992 firmaron el Tratado de Maastrich por el que nació la Unión Europea (UE) -de ahí las doce estrellas- con unos objetivos mucho más amplios, no solo el mercado único. Actualmente son veintisiete estados miembros, que se suponen comulgan con los valores de respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, estado de derecho y respeto a los derechos humanos, el pluralismo, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la no discriminación.
Los españoles, en una gran mayoría, aún no conocen cuáles son las competencias de la UE. De un lado, las exclusivas: la política monetaria, la política comercial común, la unión aduanera, la conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común. Por otro, las compartidas con los Estados miembros: el mercado interior, el espacio de libertad, seguridad y justicia, la agricultura y la pesca, el transporte y las redes transeuropeas, la energía, la política social, la cohesión económica, social y territorial, el medio ambiente, la protección de los consumidores, los aspectos comunes de seguridad en materia de salud pública, el desarrollo tecnológico y el espacio, la cooperación para el desarrollo y de la ayuda humanitaria. Además, la UE adopta medidas para garantizar la coordinación de las políticas económicas, de empleo y sociales de los estados miembros, adopta las orientaciones generales de dichas políticas. También lleva a cabo acciones de apoyo a los Estados miembros en materia de industria, protección y mejora de la salud humana, educación, formación profesional, la juventud y el deporte, la cultura y la protección civil y, por supuesto, ayudas económicas bajo el principio de solidaridad para equilibrar las desigualdades territoriales entre miembros, para el desarrollo del mundo rural, para impulsar inversiones, modernización tecnológica y digital y protección del medio ambiente. Es decir, todo lo importante para nuestras vidas y, sobre todo, para el futuro de España.
Con los fondos estructurales España ha recibido, entre otros, 140 mil millones de euros que permitieron financiar inversiones como el AVE Madrid-Sevilla o la T-4 de Barajas e inversiones por todo el territorio nacional. También la agricultura española se ha visto beneficiada con más de 100.000 millones de euros de los fondos de la Política Agrícola Común. El Plan Urban, los Fondos Edusi o los Next Generation -estos últimos suponen 140.000 millones de euros- han ayudado a municipios y comunidades autónomas para la mejora sostenible urbana, el medio ambiente y la digitalización. También empresas privadas, incluso particulares se ven beneficiados con líneas de estos fondos o con otras específicas dirigidas, por ejemplo, al impulso de las placas solares. Sin las ayudas económicas y los diversos fondos, España no sería lo que es.
Con el Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007, entre otras medidas, se ampliaron las funciones del Parlamento Europeo, con nuevas competencias legislativas y con una posición en pie de igualdad con el Consejo de Ministros europeo para decidir qué hace la UE y cómo se gasta el dinero. Los diputados, con sus votos, participan activamente en las decisiones y en las políticas que su mayoría decida. Hasta ahora 705 diputados han formado parte del parlamento europeo, de ellos 59 españoles. Estas cifras han sido aumentadas, de tal forma que se incrementa a 720 diputados y los españoles eligen a 61 este domingo. Un parlamento actualmente presidido por la Maltesa Roberta Metsola del PP europeo. 27 comisiones, desde exteriores, asuntos fiscales, jurídicos o constitucionales, y 49 delegaciones encargadas de relacionarse con terceros países al estilo de Ucrania, Japón o EEUU. Europa es como la unión de estados en Estados Unidos solo que, a diferencia de allí, aparte de que son estados federados, aquí no estamos unidos, más bien participamos de una idea de unidad interesada para según qué cosas y es por esto que el ciudadano presta menos atención a unos comicios que son, en realidad, tan importantes o más que esos otros a los que sí prestamos atención como son a cabildos, autonomías o al propio gobierno central, todos ellos maniatados por lo que decida Europa.
Los diputados elegidos en cada Estado se agrupan en siete grupos, según su tendencia ideológica. La conformación del parlamento que está a punto de expirar es la siguiente: Partido Popular Europeo 176, en el que se encuentran 13 del PP español; Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas 144, en el que está el PSOE español con sus 21 eurodiputados, Renew Europe 102, en el que están los 8 de Ciudadanos y 1 del PNV; Los Verdes/Alianza Libre 71, donde se incluyen de España 2 de ERC, 1 de BNG y 1 EH Bildu; Identidad y Democracia (ID) 64, todos de ultraderecha y en el que se encuentra, entre otros, el partido de Marine Le Pen; Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) 64, el segundo grupo de ultraderecha, aún más radical que el anterior, en el que se encuentran los 4 de Vox y también el partido de Giorgia Meloni; The Left 38, donde se incluyen los 4 de Podemos, 1 de IU y otro de Anticapitalistas. Finalmente, hay 46 eurodiputados no inscritos en ningún grupo, en donde se encuentra Puigdemont y sus dos compañeros de Junts per Catalunya.
La situación actual es de 278 de centro derecha, 215 de centro izquierda, 128 de ultra derecha, 38 de izquierda/ultraizquierda y 46 sin concretar. Hasta ahora, en una gran mayoría de votaciones han coincidido el Partido Popular Europeo y Alianza Progresista de Socialistas. El avance de los partidos de ultraderecha en muchos de los países europeos, una parte de ellos incluso antieuropeos, hace que por primera vez el futuro de la UE pueda virar, si a ellos se unen los de derecha como ocurre en España. Por esto, por primera vez estas elecciones están adquiriendo una importancia inusitada. Toca votar a quienes preferimos que decidan por nosotros en Europa, que decidan las políticas económicas, sociales, medio ambientales, laborales y la protección de nuestros derechos en igualdad con el resto de europeos, todos ellos asuntos vitales para nuestras vidas y que dependen del resultado de unas elecciones desarraigadas por su enorme dispersión territorial y porque se embadurnan del fango nacional cuando lo que está en juego es, políticamente, la elección de la papeleta más importante para decidir por qué puente atravesar camino a un futuro que, a nadie quepa duda, pasa por Europa.
