La Audiencia Provincial va a acoger este lunes el juicio contra cinco acusados de conformar un grupo criminal destinado a cultivar y vender marihuana y otros estupefacientes, para lo que se habrían servido de varias viviendas con enganche irregular a la red eléctrica ubicadas en el barrio de Pescadería de Almería.
La Fiscalía tiene previsto solicitar penas de entre seis y siete años de prisión para los investigados, uno de los cuales está también acusado de un delito de tenencia ilícita de armas tras hallarle en posesión de dos armas de fuego y abundante munición, según consta en el escrito provisional de acusación, consultado por Europa Press.
En concreto, pide para ellos cinco años de prisión por un delito contra la salud pública, un año más por un delito de pertenencia a grupo criminal y diez meses de multa a razón de diez euros diarios por un delito de defraudación de fluido eléctrico, toda vez que para el acusado de tenencia ilícita de armas suma un año más en su petición.
El Ministerio Público sostiene que los cinco investigados se concertaron al menos desde enero de 2022 hasta finales de marzo de ese mismo año para llevar a cabo labores de plantación, cultivo y recolección de marihuana en distintos inmuebles, para lo que además se habrían servido de enganches irregulares a la red eléctrica.
Así, agentes de la Policía Nacional de Almería efectuaron una investigación sobre los inmuebles que empleaban los acusados en el barrio de Pescadería a través de discretos dispositivos policiales de vigilancia y seguimiento de sus moradores hasta que consiguieron una orden judicial de entrada y registro.
Los miembros del Grupo II de la Brigada de Policía Judicial dedicado a la intervención de estupefacientes comprobaron que mientras que una de las viviendas era empleada supuestamente como punto de venta, otras dos estaban destinada a alojar las plantaciones de marihuana, mientras que las dos restantes eran los domicilios de algunos de los acusados.
En el punto de venta se hallaron, además de útiles para el corte y preparación de la droga, distintas cantidades y restos de cogollos de marihuana y cocaína, así como dinero en efectivo en moneda fraccionada, fundamentalmente.
De otro lado, mientras que en una de las viviendas donde se fomentaba el cultivo se hallaron 321 plantas de marihuana junto con todos los útiles necesarios para fomentar su crecimiento, en la segunda de las viviendas solo se halló una instalación preparada para el cultivo 'indoor' de las plantas.
Uno de los acusados, que facilitó los registros, también entregó a los agentes durante la inspección de su vivienda una pistola calibre 22 y un revolver junto con diversa munición, así como dos defensas --una de ellas en el bolso de su esposa--, una navaja, un spray de pimienta.
La Fiscalía estima que las armas eran poseídas por este acusado sin que haya quedado demostrado que el resto de investigados conocieran su existencia. En la vivienda también se halló una máquina de contar billetes, entre otros efectos como básculas, bombillas y productos fitosanitarios. También se intervinieron 15.540 euros y algunas joyas.
En el domicilio de otro de los acusados que se hallaba en la misma calle, este hizo entrega voluntaria de siete placas de hachís. También se encontraron transformadores "de los empleados para el cultivo" de marihuana y tres cartuchos para armas de fuego.
La cocaína, los cogollos de marihuana y el hachís hallado durante la intervención policial fueron medidos y tasados, de forma que en el mercado ilícito habrían alcanzado un valor total estimado superior a los 9.630 euros.
"Dicha sustancia era poseída de manera conjunta por los acusados con la finalidad de proceder a su posterior distribución entre terceros, siendo el resto de los efectos intervenidos instrumentos utilizados en el desarrollo de su ilícita actividad o ganancias procedentes de la misma", expone la fiscal en su escrito.
De otro lado, se ha calculado que los cinco inmuebles registrados estaban conectados de manera irregular a la red, de forma que durante este periodo habrían defraudado un importe global de más de 23.500 euros. El juicio está previsto este lunes en la Sección Tercera de Almería a partir de las 10,00 horas.