El PSOE de Almería ciudad ha registrado un total de once alegaciones "contra la decisión del equipo de gobierno de subir más de un 35% a partir de este trimestre la factura del suministro de agua"; una subida que ha calificado de "brutal".

Desde el PSOE han considerado que la subida "incumple una serie de obligaciones legales, que detalla en el escrito registrado en el Ayuntamiento, y que recoge costes que no corresponde pagar a los usuarios como el de las tarifas sociales".

"Tampoco corresponde pagar a los vecinos y vecinas de Almería la encomienda por el tratamiento de lodos que generan y proceden de las depuradoras de El Bobar y El Toyo porque es obligación del Ayuntamiento asumirla en su presupuesto", han apuntado los socialistas en un comunicado.

La inclusión de estos costes "supone un incremento adicional de los ingresos teóricos a facturar por Aqualia durante 2024 de 773.470 euros", han asegurado, y, según recoge el PSOE en su alegación, "resulta injustificable trasladar esta carga a los usuarios a través de su incorporación a las tarifas de suministro domiciliario de agua, máxime cuando no existe fundamento legal o técnico que ampare dicha incorporación".

El resto de alegaciones presentadas por el partido se refieren "al incumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno que se ha producido con la modificación de las dos ordenanzas (no se ha puesto a disposición del público toda la información en la sede electrónica del Ayuntamiento) o al incumplimiento de la obligación de impacto ambiental previa".

Asimismo, ponen de manifiesto otros "incumplimientos" que, a juicio de PSOE, se han producido en la tramitación de las modificaciones de las dos ordenanzas que han dado lugar al aumento de más del 35% de la factura del agua, "como el incumplimiento de las normas de la competencia; de la obligación de identidad entre los pliegos y el contrato o de los derechos humanos al agua y al saneamiento".

Los socialistas han insistido en que ya lo han llevado en dos ocasiones al pleno y en incorporar en sus alegaciones "la necesidad de que se establezca una tarifa fuga para aquellos usuarios que sufran una fuga de agua involuntaria, por una avería o defecto de conservación".

Al respecto, han explicado que actualmente solo se bonifica la parte de alcantarillado en esos casos pero no la de consumo, "que es la más elevada".