El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha participado este miércoles en las jornadas que, bajo el nombre 'Instrumentos sindicales para la acción social e institucional', ha organizado CCOO en la Casa de la Provincia. Junto al responsable provincial han participado en la inauguración el secretario provincial de CCOO, Carlos Aristu; la secretaria regional de dicha organización sindical, Nuria López; y la secretaria de Participación Institucional y Movimientos Sociales del citado sindicato, Carmen Vidal.

Fernández ha reconocido el papel de CCOO en Sevilla y se ha mostrado "muy preocupado por la política que se está desplegando en Andalucía, porque se están perdiendo oportunidades y porque cuando se toman ciertas medidas y se consolidan ya son irreversibles".

Más concretamente, Fernández ha expuesto que la región pierde "oportunidades en materia educativa porque no se está aprovechando el descenso de la natalidad para mejorar la calidad educativa bajando la ratio de alumnos y se está además consolidando el sistema de universidades privadas, que termina en el medio plazo dando las mejores oportunidades a los que pueden pagar sus estudios y, eso, a la postre, genera desigualdad".

Además, ha alertado de un "modelo de copago sanitario indirecto", detallando que el 35% de los sevillanos ya tiene tarjeta sanitaria privada por la que paga una media de 70 euros al mes. "Por eso no hay protestas en la calle en materia sanitaria. Y también ocurre esto en la Dependencia, donde la gente fallece sin tener siquiera el informe de la dependencia realizado".

Como último gran bloque de debate, el presidente se ha detenido en el asunto de la vivienda. Ahí, Fernández ha introducido la idea de que "en la actualidad, el gran problema es que la VPO no existe. Porque una vivienda pública, cuyo precio sea de 180.000 euros significa que, en ese precio, ya ha desaparecido el concepto propio de VPO".

"Por eso hay que reconceptualizar qué es una vivienda pública. Y además, el Estado y Europa podrían generar un fondo público para hacer vivienda en alquiler, incorporando al privado para que construya a precio tasado. Tiene que haber gestos para definir el modelo de VPO y para mirar cómo simplificar la gestión del suelo", ha reflexionado.

Por su parte, Nuria López ha dicho que "Andalucía es pionera en materia de diálogo social y participación institucional, pero en las últimas etapas hemos visto cómo la mayoría absoluta (del Gobierno andaluz del popular Juanma Moreno) ha hecho que el diálogo social tenga más sombras que luces en algunos casos".

"Esperemos que esto se resuelva con la Ley de Participación Institucional, de manera que las organizaciones sindicales más representativas puedan tener ese diálogo necesario para gobernar las transformaciones y cambios que necesita Andalucía, en beneficio de los trabajadores y las trabajadoras".

La secretaria de Participación Institucional y Movimientos Sociales del citado sindicato, Carmen Vidal, ha apostillado de su lado que "la participación institucional es una pieza clave de la actividad sindical y, junto al diálogo social, una de las mayores herramientas para mejorar condiciones laborales, porque como se ha demostrado con acuerdos como el del SMI, el de pensiones o con los ERTE, cuando las políticas públicas se hacen con participación de los agentes sociales, éstas son estables, duran más y dan mejores resultados".

Y por último, Carlos Aristu ha expresado que su formación aspira a "representar los intereses de clase de la mayoría social en aquellos espacios donde tiene representación institucional, igual que hace en el ámbito de la empresa, defendiendo las condiciones de trabajo" de las plantillas.