El teniente alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos, que fue expulsado de IU por pactar con el PP, ha mostrado su "tranquilidad" tras conocerse que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Vera (Almería) ha acordado abrir juicio oral contra él por difundir datos personales de los concejales del PSOE.

En un comunicado remitido a los medios, Ramos ha expresado su "total tranquilidad" frente a las acusaciones formuladas recientemente por la Fiscalía en relación con la supuesta divulgación de datos personales, y ha asegurado que su actuación se limitó a compartir documentos que ya habían sido publicados previamente en la página web oficial del Ayuntamiento, por una tercera persona ajena al equipo de Gobierno.

“Mi responsabilidad como teniente alcalde en este asunto es nula, pues solo compartí documentos que ya estaban accesibles al público en la web del Ayuntamiento", ha dicho Ramos, reiterando que actuó de manera r"esponsable y transparente". Además, el teniente alcalde ha puntualizado que entre los datos compartidos se incluían datos personales propios, lo cual, a su juicio, refuerza su convicción de que estaba actuando conforme a la normativa.

El Ayuntamiento de Garrucha ha manifestado su "total disposición" a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos y reiteró su compromiso con la transparencia en la gestión y el manejo de información pública. Ramos Cáceres subrayó que esta es “la enésima denuncia” presentada por el PSOE de Garrucha, lo que, en su opinión, forma parte de una estrategia para obtener en los juzgados lo que "no consiguieron en las urnas".

“Son conscientes de que los dos concejales de mi partido son la pieza clave y esencial para la formación del actual gobierno, y es por ello que intentan desestabilizar a través de denuncias judiciales", ha declarado.

Además de contra este cargo político, también se ha acordado la apertura de juicio oral contra el secretario municipal del consistorio, quien al igual que Ramos se encuentra acusado por un delito de revelación de secretos; tras lo que ambos deberán depositar 10.000 euros de fianza para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles.

Según la calificación del fiscal, a la que ha tenido acceso EFE, en algún momento posterior al 13 de junio del año pasado, el secretario municipal habría colgado, a instancias del edil Ramos, la declaración de bienes y derechos patrimoniales de los concejales.

Todo ello a "sabiendas de que contenía datos personales" como la localización de los inmuebles de los ediles, la matrícula de sus vehículos, los números íntegros de sus cuentas bancarias, sus direcciones postales y números de teléfonos y en algún caso la nómina.

El fiscal sostiene además que Ramos, como concejal de Obras, Servicios y Personal era responsable de la gestión de las redes sociales del Ayuntamiento, lo que habría aprovechado para publicar dos semanas después en Facebook un enlace que dirigía directamente a esta documentación, sin contar con el "consentimiento" o "conocimiento" de los cinco ediles perjudicados.

Por estos hechos, el fiscal los acusa por un delito de revelación de secretos cometido por autoridad o funcionario público, por el que interesa una multa de 18 meses, a razón de 15 euros diarios, y la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante tres años.