El alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández (CS), ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que suspenda los plazos que acordó para que informara cada diez días de los cambios y actuaciones encaminados a hacer "no urbanizable" los terrenos de El Canillar y El Algarrobico, donde se ubica el hotel de Azata, con la advertencia de posibles multas coercitivas si se producía cualquier dilación "no justificada".

El primer edil carbonero ha dirigido un escrito a la Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada, consultado por Europa Press, en el que argumenta, tras la providencia emitida el pasado 18 de diciembre, que el Ayuntamiento carece de secretaria para poder efectuar los trámites solicitados.

En concreto, Hernández detalla en el documento suscrito durante las pasadas navidades que el puesto de secretaría se encuentra vacante, toda vez que la persona que ejercía sus funciones como secretaria accidenta "cesó el pasado 24 de diciembre" sin que aún haya sido cubierto.

"En el momento de incorporación o nombramiento de Secretaria en el Ayuntamiento de Carboneras se pondrá en conocimiento de la Sala", han apuntado el alcalde en su escrito con el que pide que se paralicen los plazos al entender que para acatar el contenido de la resolución judicial es preciso contar con esta figura municipal encargada de la función pública.

La Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada ordenó que se librara un oficio "urgente" dirigido al alcalde para que acometa acciones y cambios en el plan general del municipio conforme a las observaciones realizadas por Greenpeace y la Junta de Andalucía, que alegaron al informe técnico municipal remitido el pasado mes de agosto con el que el Ayuntamiento daba por cumplido dicho trámite.

En su resolución, la magistrada María del Mar Jiménez Morera exigía al alcalde que informara "cada diez días" a la Sala de las actuaciones realizadas para dar cumplimiento a los cambios y actuaciones ordenadas de cara a conformar los sectores ST-1 y ST-2 como no urbanizables.

En este sentido, hacía una advertencia expresa a Hernández de que "de detectarse cualquier dilación no justificada" se procedería a la imposición a su cargo de "multas coercitivas" con la posibilidad incluso de deducir testimonio ante las autoridades judiciales "por si procediera exigirle cualquier tipo la responsabilidad penal".

El tribunal ya advirtió en ocasiones anteriores al alcalde de Carboneras con la imposición de multas personales así como con la posibilidad de acudir a la Fiscalía si no realizaba las acciones necesarias para declarar no urbanizables ambos parajes en base a las sentencias, sin que se llegara a adoptar dicha decisión finalmente.

En este caso, realizaba varias puntualizaciones concretas sobre el ordenamiento que fueron advertidas por la organización ecologista y el Gobierno andaluz, entre ellas, la necesidad de que desaparezca la inclusión de 'El Canaillar' como suelo urbanizable vigente así como varias menciones al respecto.

Asimismo, interesa la "publicación" de la normativa urbanística "corregida" en ejecución de sentencia; una de las principales cuestiones que interesan los demandantes después de que el Ayuntamiento se limitara a llevar el contenido de la sentencia a los instrumentos técnicos del planeamiento sin necesidad de darle publicidad a los cambios en los boletines oficiales correspondientes.