El reciente desmantelamiento de una red que importaba de Corea productos sanitarios ilegales relacionados con la medicina estética como bótox o ácido hialurónico ha vuelto a evidenciar los riesgos a los que se enfrentan los pacientes de este tipo de clínicas, peligros que pueden evitarse con unas simples precauciones.

José Luis Martínez-Amo, médico especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, explica a EFE que lo primero que debe hacer un potencial usuario es “acudir a un centro reglado con todos los permisos y en el que haya profesionales de la salud, es decir, un médico responsable que sea el que realice el tratamiento”.

Recuerda que los centros no homologados, por ejemplo centros de estética o peluquerías sin médicos, no sólo están prohibidos por la ley, sino que deben ser evitados a la hora de recibir estos tratamientos. “Lo que ocurre es que en estos tipos de centros el precio suele ser muy inferior al de la competencia”, apunta.

“Cuando hay una diferencia de precio muy notable, al menos se debería investigar por qué es eso. El problema, desgraciadamente, es que a mucha gente eso le da igual y se dejan llevar por ahorrarse dinero. Allá cada uno. Luego ya ponen las manos en el cielo, pero sabían dónde iban. Si te has dejado engañar, entre comillas, porque era más barato, pues tienes que asumir las consecuencias”, dice.

Martínez-Amo insta, por este motivo, a comprobar que el establecimiento en cuestión tiene el Número de Identificación del Centro Autorizado (NICA) que lo acredita como un centro sanitario, y solicitar el número de colegiado al médico que lo trate, y que “además en cualquier informe tiene que ir sellado, no basta sólo una firma”.

Sobre los inyectables utilizados en estos tratamientos, indica que antes había quien compraba “ácidos hialurónicos mucho más baratos y los metía dentro de la jeringuilla del bueno”, por lo que para evitar este tipo de situaciones, ahora cada una lleva una pegatina con un identificador que incluye el lote y la fecha de caducidad, que debe adherirse al consentimiento informado.

La clínica se queda con el original de estos documentos, y el cliente con una copia, pero es que además “todo centro médico está obligado por ley a guardar toda esta documentación durante cinco años”. “Si un paciente llega a los cuatro años y medio y pide el lote de todos los productos que se han usado con él, debe tenerlo”, añade.

“Normalmente son productos muy seguros, nunca va a pasar nada, pero en medicina todo puede ocurrir. Puede haber habido un problema de fabricación o algo similar”, apostilla.

En el caso de la red desarticulada, señala, “afortunadamente eran productos médicos reales, aunque no tuviesen marcado CE, por lo que no son legales”. “Lo malo es que en otros casos no tienes ningún control de lo que te han metido. Los medicamentos valen mucho dinero, e igual que hay falsificaciones de ropa, también las hay de fármacos”, lamenta.

Con todo, el médico resalta que el uso de estos productos no sólo es ilegal, sino que también supone una “competencia desleal”.

Asimismo, incide en que en España el médico es el único profesional sanitario que puede efectuar un diagnóstico, la indicación de un procedimiento y hacerlo. “El enfermero puede hacer una aproximación, pero el diagnóstico lo da el médico y la indicación del tratamiento la da el médico”, añade.

Para él, los riesgos de no prevenir en estos casos son innumerables. “Puede pasar desde que sea inocuo para la salud o que sea realmente un veneno. O que, como no está suficientemente bien estudiado, cause granulomas, que cause infecciones, que no haya una asepsia, o que no esté todo hecho como tiene que hacerse”.

“Cuando haces una infiltración, tienes que desinfectar bien la piel, tienes que lavar bien la piel, tienes que abrir todo con una esterilidad, que vienen los viales de una manera estéril, tienes que ponerte unos guantes... Y realmente, pues esas cosas muchas veces no se dan”, lamenta.