El anuncio por parte del Gobierno de la demolición del hotel El Algarrobico de Carboneras (Almería) se produce tras dos décadas de lucha ecologista para tratar de borrar de un impresionante paraje natural del Cabo de Gata esta mole inhabitada de ladrillo, que mantiene aún no pocos flecos judiciales por resolver.
"No somos ingenuos, sabemos que se pueden producir movimientos por parte de la empresa", ha reconocido la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien en una visita al paraje ha cifrado en cinco meses el plazo que se da el Ejecutivo para demoler el hotel, "si no hay ninguna otra incidencia o interferencia", ha apostillado.
A pesar de esta intención decidida, el hito del ansiado derribo sigue sin fecha concreta tras una prolongada y compleja maraña judicial, centrada en la consideración del carácter urbanizable o no del suelo y que puede concretarse en las siguientes claves:
1. Los inicios
La licencia de obras del hotel construido por Azata del Sol se aprobó en enero de 2003. Casi veinte años después, en diciembre de 2022 el Tribunal Supremo consideró que todavía era "plenamente legal", de acuerdo con el planeamiento urbanístico vigente, aunque determinó que el Ayuntamiento procediera a su revisión.
Las obras comenzaron en mayo de 2003 y fueron paralizadas en febrero de 2006 por un juzgado de Almería, en respuesta a una demanda presentada contra su edificación por la asociación ecologista Salvemos Mojácar.
2. Demanda sobre demanda
En 2009, la Junta recurrió ante el Supremo el dictamen del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar de 2008, que liberaba de protección la zona de la playa donde se encuentra el hotel.
En octubre de 2010, el Supremo dictaminó que el suelo del entorno de El Algarrobico era de máxima protección y, a finales de marzo de 2012, desestimó el recurso de Carboneras contra la decisión de la Audiencia Nacional de mantener el deslinde de 100 metros desde la línea de costa.
3. Un convenio para el derribo
En noviembre de 2011, Junta y Gobierno firmaron un convenio que estipulaba que el Ejecutivo central asumiría la demolición del inmueble, y el andaluz la restauración de la zona. En febrero de 2016 el Ministerio de Agricultura anunció que participaría al 50 % tanto en los gastos de demolición del hotel como en los de desescombro y restauración.
En junio de 2012, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) declaraba como espacio protegido no urbanizable la zona en la que se encuentra el complejo hotelero. Ese mismo año, el TSJA anuló el Plan de Ordenación de 2008 y restableció el paraje como espacio protegido no urbanizable.
4. Una cascada de sentencias
En 2014 se produjo una cascada de sentencias del TSJA, que en marzo declaró urbanizable el suelo sobre el que se asienta el Algarrobico, en julio falló a favor de la licencia municipal y en diciembre acordó suspender las actuaciones sobre el nivel de protección del parque.
Ya en mayo de 2015, el alto tribunal andaluz resolvió no anular la sentencia municipal de licencia de obras. En febrero de 2016, el Supremo falló contra la sentencia del TSJA que declaró urbanizable el terreno en el que se edificó el hotel.
5. La Junta actúa
En mayo de 2020 se anunció que los servicios jurídicos de la Junta estudiaban la posibilidad de ejercer la vía civil en el caso del hotel, ya que para poder demolerlo debía ejercer el derecho de retracto (adquisición preferente) y estar en posesión del mismo.
Un mes más tarde, el Gobierno pidió a la Junta que convocara la comisión mixta de seguimiento prevista en el protocolo firmado en 2011.
6. Una licencia aún legal
El Supremo determinó en diciembre de 2023 que la licencia del hotel es "plenamente legal" en la actualidad y que el Ayuntamiento debía proceder a su revisión. Como paso previo, el pasado 26 de abril el pleno de Carboneras eliminó la clasificación urbanística vigente en El Algarrobico.
El gobierno local justificó esta medida por los "efectos sobrevenidos" al planeamiento vigente por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
Sin embargo, meses después la Junta trasladó al TSJA que el paraje de El Algarrobico es "suelo no urbanizable de especial protección desde 1994", por lo que pidió al alto tribunal que ordenara al Ayuntamiento reflejarlo así "en sus documentos" y "decisiones".
7. El Gobierno anuncia el derribo
Si en octubre del año pasado era la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, quien señalaba que en cinco o seis meses podría comenzar la demolición del hotel, este lunes ha sido la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, la que ha vuelto a dar un plazo de cinco meses para iniciarla, salvo resolución judicial en contra.
A pesar de ello, en los últimos meses ha cambiado poco la situación judicial del hotel, puesto que el consistorio de Carboneras todavía no he revisado de oficio la licencia, y aún sigue en proceso para acreditar ante el TSJA que el PGOU ya recoge como no urbanizable este suelo.
En estos meses se han sucedido nuevos apercibimientos de sanciones al alcalde, Salvador Hernández, y peticiones de paralización de plazos debido a la falta de un secretario municipal.
La Junta volvió a incluir en el proyecto de Presupuesto para 2025 una partida de un millón de euros para los primeros trabajos de demolición del hotel, que desde 2021 no habían sido previstas en las cuentas andaluzas.
También queda pendiente determinar si procede indemnizar a la constructora Azata, dado que el Supremo y la Audiencia Nacional han determinado en distintos momentos que no, pero el TSJA designó en diciembre de 2023 un perito judicial para cuantificar el valor que tenían las fincas de El Algarrobico en 2006.