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Un juzgado de Berja abre causa para investigar el contrato para la guardería municipal de Dalías

La causa se ha abierto a instancias de la Fiscalía que, a principios de noviembre, formuló denuncia al apreciar que existían indicios de presuntos delitos de malversación de caudales públicos y de prevaricación

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El Juzgado de Instrucción 1 de Berja (Almería) ha incoado diligencias previas para dirimir si existió ilícito penal en la contratación de la obra para la construcción de la guardería municipal de Dalías en 2008 por parte del Ayuntamiento.

   La causa se ha abierto a instancias de la Fiscalía que, a principios de noviembre, formuló denuncia al apreciar que existían indicios de presuntos delitos de malversación de caudales públicos y de prevaricación.

   El Ministerio Público ordenaba entonces la averiguación de quienes serían los responsables pese a que el escrito presentado por un particular señalaba de forma directa al alcalde, el independiente Jerónimo Robles.

   Fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que en el procedimiento se va personar como acusación popular este vecino si bien la dirección provincial de IULV-CA también interpuso denuncia ante la Fiscalía por los mismos hechos días después de que su investigación fuera judicializada.

   La vía penal llega tras una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo 2 de Almería que concluyó que la "contratación de diversas obras" en el municipio, y "en especial, de la guardería con la empresa Construcciones Ruiz y Gutiérrez Alhizam S.L." se hizo "sin ninguna formalidad, prescindiendo del procedimiento legal".

   Precisamente, en alusión a la adjudicación de esta actuación, con un presupuesto de casi un millón de euros, la Fiscalía solicitó en su denuncia de 6 de noviembre que se oficiase al Ayuntamiento de Dalías para que el secretario de la corporación remitiese copia testimoniada del expediente administrativo tramitado para la construcción de la guardería en la calle 1 de mayo del municipio, de la documentación que exista al respecto, o en su defecto, que certificase que no hay expediente o documentación alguna al respecto.

   Interesaba, al hilo de esto, que el juzgado oficiase a la Policía Judicial para que realice una investigación de los hechos denunciados y que se incorporase al citado procedimiento penal la sentencia dictada por el titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería y la denuncia que interpuso un particular.

   El Ministerio Público considera que, examinado el contenido de esta denuncia y la citada resolución dictada en 2012, los hechos pueden ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal y un delito de malversación de los artículos 432 y siguientes del Código Penal "sin perjuicio de lo que resulte de una más depurada investigación".

   A esto, hay que añadir que, en la denuncia interpuesta por IU, se solicitaba, además, la práctica de diversas diligencias al juzgado, entre ellas, las testificales de quien era concejal de IU, Feliciana Gallegos, así como del arquitecto y el arquitecto técnico de la obra.

   Según recoge, la mercantil Construcciones Ruiz y Gutiérrez Al Hizam SL, llevó a la justicia al Ayuntamiento de Dalías por el impago de las obras, y la sentencia que condenó al Consistorio a abonar 993.189,92 euros más los intereses de demora reveló que quedaba acreditado "a tenor de las declaraciones vertidas en sede judicial, que las obras en cuestión, se pactaron sin ninguna formalidad, entre el alcalde de Dalías y el legal representante de la mercantil actora, sin contar con proyecto alguno y sin expedir certificaciones de obra".

ACTUACIÓN "APALABRADA"

   La propia sentencia, en la que no se ordenó, sin embargo, que se dedujera testimonio, concluye que resulta "reprochable" que el Ayuntamiento "permitiera el inicio de unas obras cuya contraprestación no estaba fijada en ningún documento, sino que estaba, en el mejor de los casos, apalabrada".

   Los datos aportados señalan que, con fecha 30 de enero de 2007, se presentó al pleno el anteproyecto redactado por el arquitecto municipal para la construcción de la guardería infantil de Dalías, cuyo presupuesto ascendía a 762.751,49 euros a financiar con recursos procedentes del Patrimonio Municipal de Suelo.

   El interventor, en su informe, trasladó que los fines de dicho recurso no se correspondían con la inversión propuesta y, entonces, se propuso abrir un procedimiento de contratación administrativa por el procedimiento negociado sin publicidad, delegando en la Alcaldía todas las facultades delegables de contratación que corresponden al Pleno.

   En el acta de ese pleno se recoge que la entonces concejala de IU, Feliciana Gallegos, manifestaba que no se explicaba "cómo es que las obras se estaban ejecutando ya y cómo se habían contratado".

   En fecha de 4 de mayo de 2007 se redactó un convenio urbanístico entre el regidor Jerónimo Robles Aguado y el administrador único de la mercantil 'Construcciones Ruiz y Gutiérrez Al Hizam S.L.' por el que se acordaba la construcción de una guardería municipal por parte de la empresa constructora, por un valor de 914.744,07 euros, "entregándose a cambio a la constructora los terrenos incluidos en la UE-50 integrada en el patrimonio municipal del suelo".

   La constructora no llego a firmar el citado convenio, lo que conllevo que el Ayuntamiento de Dalías tuviera que hacer frente al pago monetario de la construcción de la guardería, por sentencia judicial.

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