La renuncia de uno de los procesados por el secuestro y ejecución de José Ángel B.L. a su abogado, lo que ha sido calificado como una "clara maniobra dilatoria" por parte de las acusaciones, ha obligado a aplazar al 2 de diciembre la vista oral señalada para este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería.

   En el caso están enjuiciados tres hermanos, su tío y un colaborador del clan conocido como 'Los Culebros' como presuntos autores materiales del crimen mientras que los padres de los primeros se sientan en el banquillo por supuestos delitos contra la salud pública y tenencia de explosivos. Hay un octavo acusado por el secuestro que se produjo ante la sospecha de que la víctima podía haber robado un alijo de hachís propiedad del clan.

   El presidente del tribunal, el magistrado Rafael García Laraña, ha advertido en sala al acordar la suspensión que no va a "tolerar más maniobras dilatorias" y que hará cumplir la ley "para asegurar la disponibilidad de los acusados" de cara a juicio, que llega casi ocho años después de que se produjeran los hechos.

   Al tiempo, ha dado al procesado J.M.S.L., uno de los tres hermanos, tres días de plazo legal para nombrar nuevo letrado y le ha emplazado a que lo haga directamente ante la sala y no a través del servicio de notificaciones con el aviso de que, de no hacerlo así, se le asignaría un abogado de oficio al que no podría renunciar "bajo ningún concepto".

   El aplazamiento ha sido interesado por la fiscal, quien, tras remarcar que se trata de una "clara maniobra de dilación", ha apelado a una eventual violación del derecho de defensa. A esta petición se han adherido todas las defensas, incluida la letrada de los cinco principales acusados y a la que ha renunciado J.M.S.L., quien, ante la sala, ha justificado esta por "discusiones y desacuerdos". Ha argumentado, asimismo, que hubiera renunciado ella si estuviese en plazo legal para hacerlo.

   La acusación particular ejercida por los padres de la víctima se ha opuesto esgrimiendo jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) mientras que la abogada de la esposa e hija se ha adherido a lo solicitado por la fiscal.

   El cadáver de José Ángel B.L., de 33 años, apareció en julio de 2008 en el interior de su vehículo, calcinado y con un disparo mortal en el pecho, después de que fuese secuestrado presuntamente por integrantes de 'Los Culebros' y dos de sus colaboradores ante la sospecha de que podría ser el autor del robo de un alijo de hachís propiedad del clan.

   El tribunal de la Sección Segunda será el encargado de enjuiciar, procesados como autores materiales del crimen, a tres hermanos --J.A.S.L.; R.S.L.; J.M.S.L.--, a su tío, J.B.L.L., así como al colaborador L.G.S. Por el delito de detención ilegal, aunque no por el de asesinato, se va a sentar en el banquillo también O.J.

   A los padres, el matrimonio formado por R.S.C. y P.L.L., el Ministerio Público les imputa, al igual que a uno de sus hijos, en concreto J.M.S.L., delitos contra la salud pública y de tenencia de explosivos ya que, en el registro por orden judicial del domicilio familiar, los agentes de la Guardia Civil encontraron casi 2,5 kilos de hachís, y siete detonadores pirotécnicos.

   En el escrito de calificación provisional, consultado por Europa Press, la fiscal, que califica los hechos como "viles", recoge que tío y sobrinos, miembros de la familia conocida por el apodo de 'Los Culebros', habrían pactado con ciudadanos marroquíes no identificados el alijo de una importante cantidad de hachís y que, para ello, contaron con el acusado O.J., y otro que no ha podido ser notificado al encontrarse en paradero desconocido, en calidad de intermediarios.

   La droga fue sustraída una vez que estaba en la península y, según remarca el Ministerio Público, sospecharon que el hachís sustraído "podría encontrarse en manos" de la víctima, quien era socio de un concesionario de coches de ocasión y segunda mano domiciliado en el municipio de Huércal de Almería.

   Fue entonces cuando, supuestamente, tío, sobrinos y colaboradores "acordaron privarle de libertad, llevarle a alguno de los inmuebles de la familia y presionarle para que les dijera donde estaba el cargamento de droga y, así, poder recuperarlo".

   En ejecución del plan "trazado y pactado por todos", los cuatro miembros del clan y L.G.S. se apostaron el 17 de julio de 2008 en las inmediaciones de domicilio de la víctima, en el paraje de La Juaida de Viator, y esperaron a que llegase. Presuntamente, una vez se aproximó a bordo de su todoterreno de alta gama a primera hora de la tarde, le dieron el alto y lo trasladaron junto a su vehículo a un cortijo propiedad de la familia, en el paraje nijareño de La Fuensanta.

EJECUCIÓN

   El Ministerio Público remarca que José Ángel B.L. estuvo privado de libertad y en contra de su voluntad hasta "altas horas de la madrugada del día siguiente" pero subraya que, pese a que los cuatro procesados "emplearon la violencia", no "consiguieron que les dijera dónde se encontraba la droga sustraída, por lo que los que estaban con él decidieron acabar con su vida".

   A las 03,30 horas del 18 de julio, J.A.S.L.; R.S.L.; J.M.S.L., J.B.L.L., y L.G.S. llevaron a cabo "su trágica decisión", e introdujeron supuestamente a la víctima en el asiento trasero de su coche, donde le dispararon en una ocasión "al corazón con un arma del calibre nueve milímetros, lo que determinó su fallecimiento".

   A continuación, la fiscal sostiene que abandonaron el vehículo con el cadáver de José Ángel B.L. en una vía de servicio de la A-92, a su paso por el término municipal de Gérgal, "si bien le prendieron fuego previamente para borrar cualquier huella de su participación en tan vil acción".

   El escrito indica que, en el transcurso de la investigación, que concluyó con detenciones escalonadas, los agentes practicaron la entrada y registro por orden judicial en el domicilio de los padres de los tres hermanos, y residencia de uno de ellos, y se encontraron 35 piezas de polvo prensado que resultó ser hachís con un peso neto de 977 y 1.534 gramos. También estaban en posesión de siete detonadores pirotécnicos del número 8, material explosivo según se recoge en el reglamento.

   En la vista oral, los ocho procesados se enfrentan a penas que oscilan entre los cinco años y los 32 años de cárcel. Además, los procesados por el asesinato deberán hacer frente a una petición fiscal de responsabilidad civil de un total de 160.000 euros ya que, en el momento de morir, la víctima del crimen estaba casado y era padre de dos menores. También reclaman sus progenitores.